La Paz, 06 de enero de 2023 (ABI).- El ministro de Educación, Edgar Pary, instó este viernes a las autoridades municipales del territorio nacional a poner en óptimas condiciones la infraestructura escolar y no esperar al reclamo de los padres para hacerlo.

“Hoy deben adecuar los baños, garantizar el agua potable y todo lo que sea necesario porque el 1 de febrero los estudiantes estarán de retorno a las clases presenciales”, afirmó el titular de Educación.

El ministro señaló que, en el marco de las atribuciones que les confiere la Constitución Política del Estado (CPE) y para garantizar el derecho a la educación, los gobiernos municipales deben brindar las mejores condiciones en las unidades educativas para que los estudiantes pasen clases.

El artículo 80 de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en su numeral dos, señala: “los Gobiernos Municipales son los responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción”.

El diciembre pasado, el Ministerio de Educación solicitó a las autoridades de los alcaldes de todo el país garantizar el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y material de bioseguridad en las unidades educativas para el retorno seguro a clases en 2023.

Para ello, se enviaron notas a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y también a las Asociaciones de Gobiernos Autónomos Municipales de los nueve departamentos.

El ministro se refirió también al uniforme escolar que algunas unidades educativas suelen exigir.

“El uniforme no es obligatorio, es lo que queremos ratificar y ojalá los padres familia comprendan y coadyuven en esta tarea y los maestros no exijan el uniforme”, sostuvo.

Señaló que “el uniforme no es condicionante para tener una buena educación”.

De la misma forma, la compra de textos educativos no es obligatoria, aclaró Pary, toda vez que el Ministerio de Educación entrega los textos de manera gratuita a los estudiantes.

Los libros que se distribuirán este año incluyen los contenidos de la malla curricular 2023.

La Paz, 05 de enero de 2022 (ABI).- El exministro Arturo Murillo fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Según la investigación recibió cerca de $us 130.000 en sobornos en la casa de un familiar en Miami.

Murillo, hombre de confianza de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, fue parte central en el esquema de corrupción de 2019.  La exautoridad y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los Estados Unidos.

Según la pesquisa, recibió aproximadamente $us 130.000 en pagos de sobornos en efectivo en la casa de un familiar en Miami, de la que no se da su nombre.

Cuando era ministro designó a su hermana como miembro del servicio exterior en Estados Unidos, con el argumento de que tenía problemas.

Sus cómplices, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.

Aproximadamente $us 5,6 millones fueron desembolsados para pagar por los gases lacrimógenos y otros equipos no letales destinados al Ministerio de Defensa de Bolivia. Alrededor de $us 2,3 millones representa el sobreprecio.

La abogada litigante Jil Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso. La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken manejó la confiscación de activos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

La Paz, 04 de enero de 2023 (ABI). - La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de la Unidad se declararon este miércoles en estado de emergencia ante los hechos vandálicos y de amedrentamiento en contra de los trabajadores en el departamento de Santa Cruz y convocaron a todos los sectores a defender el Estado de derecho y la democracia.

“Estamos en estado de emergencia no solamente los trabajadores, la COB, sino también el Pacto de la Unidad, las organizaciones sociales populares del país que hicieron llegar sus notas para efectivizar una postura como trabajadores”, indicó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi.

En esa dirección, anunció que en las próximas 48 horas se efectuará una reunión ampliada para definir medidas en defensa de los trabajadores y de la democracia.

“No aceptamos actos vandálicos, el amedrentamiento a la gente, a los hermanos transportistas, gremiales quienes fueron afectados fuertemente los 36 día de paro y hoy nuevamente amenazados”, expresó.

Las organizaciones exigirán también la aplicación de la justicia en contra de los autores intelectuales del golpe de Estado de 2019.

“El pueblo pide a gritos, no puede haber impunidad y se debe ampliar a quienes han sido autores intelectuales, detener a los promotores del golpe de Estado y quienes han sido parte del golpe de Estado con el gobierno de facto”, señaló.

Desde la aprehensión y posterior detención preventiva en el penal de Chonchocoro de Luis Fernando Camacho, grupos radicales atacaron y quemaron inmuebles de instituciones públicas, policiales, domicilios y clínicas privadas, entre otros.

Guarachi calificó estos actos de “vandalismo y terrorismo” cometidos por los grupos afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz y seguidores de Fernando Camacho.

“El 60% de la población quiere trabajar, reconstruir su económica, reactivar la economía, pero hay algunos grupos, logias que lamentablemente quieren politizar todo”, enfatizó.

El dirigente protestó también por la presencia de los legisladores Víctor González (España) y Luis Fernando Sánchez (Chile), quienes se atribuyeron competencias e irrumpieron en instalaciones de la Policía Boliviana en Santa Cruz el pasado lunes.

Por estos actos de abierta injerencia, el Gobierno de Bolivia solicitó explicaciones a las cancillerías y parlamentos de España y Chile.

“En 2019 han sido las mismas personas, hoy vemos personas europeas chilenas haciendo injerencia en el país. Ahora nos damos cuenta quienes financiaron el golpe de Estado”, dijo Guarachi.