PRESIDENTE PAZ ENVÍA A PANAMÁ AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA PARA OBTENER RECURSOS QUE RESPALDEN LA REFORMA JUDICIAL

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se encuentra en Panamá realizando gestiones oficiales para obtener recursos adicionales destinados a respaldar las reformas del sistema judicial en el país.

El ministro asiste al XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, del 20 al 21 de octubre, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES).

“Por ahora está yendo de buena manera; ya le informaré el monto (…), un monto importante para poder respaldar las reformas que tenemos que hacer en el sistema judicial”, manifestó el mandatario durante la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales no reclamados al Órgano Judicial.

En el acto, Paz Pereira destacó la importancia de asegurar este financiamiento internacional para modernizar la justicia y brindar mayor seguridad jurídica a la población.

Asimismo, adelantó que el objetivo del Poder Ejecutivo es estructurar la propuesta integral de reforma durante lo que resta del año, con la meta de arrancar en enero junto a destacados profesionales nacionales e internacionales, y consolidando un cambio definitivo gracias a la inyección de estos nuevos fondos.

“El ministro de la Presidencia (Fernando Aramayo) está ahora en Panamá y las cosas van por buen camino (…), ‘hasta que no se gana, no se gana’, pero se trata de una cifra importante para respaldar las reformas que debemos impulsar en el sistema judicial”, reforzó el primer mandatario, posterior a la promulgación de la norma.

PRESIDENTE PAZ PROMULGA LEY QUE DESTINARÁ DEPÓSITOS JUDICIALES A MEJORAR LA JUSTICIA

El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá destinar recursos no reclamados al fortalecimiento del Órgano Judicial, mediante inversiones en tecnología, infraestructura y personal de apoyo jurisdiccional.

“Estamos derrotando al Estado Tranca desde las diferentes instancias también”, afirmó el primer mandatario, quien calificó la norma como “un primer gran paso” para transformar la justicia.

Además, destacó que los recursos no se utilizarán para pagar salarios ni ampliar la burocracia, sino para mejorar la atención a la ciudadanía. “Una buena justicia hace que las inversiones crezcan en el país”, sostuvo, al señalar que la independencia judicial y la seguridad jurídica son fundamentales para impulsar el desarrollo económico y generar confianza para las inversiones.

La ley establece un plazo de cinco años para reclamar los depósitos judiciales cuyo reembolso haya sido autorizado mediante resolución ejecutoriada, cumplido ese periodo y los procedimientos legales de publicación, notificación y reclamación, los recursos podrán consolidarse a favor del Órgano Judicial. La norma también contempla mecanismos de impugnación y excepciones para proteger derechos sensibles.

El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que la norma es resultado de la coordinación entre las instituciones del Estado. “Esta es una ley que ha tenido un proceso de concertación con el Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo y, obviamente, el Poder Judicial, y que va a permitir contar con recursos adicionales para llevar adelante procesos de transformación importantes”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, explicó que “el destino de estos recursos de la ley que usted acaba de promulgar, presidente, se basa en tres ejes: tecnología, infraestructura y apoyo jurisdiccional para desconcentrar la carga en el trabajo que desarrollan los jueces”, señaló. Añadió que la digitalización permitirá a los litigantes consultar sus expedientes desde el celular y acceder a información procesal en tiempo real.

El primer mandatario recordó que enfrentó 16 procesos judiciales que calificó de abusivos y remarcó la importancia de garantizar una justicia independiente y transparente. También alertó sobre la corrupción y las amenazas del crimen organizado contra los operadores judiciales. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”, afirmó.

La norma excluye del régimen de prescripción, entre otros, los depósitos vinculados con asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad, conforme a las previsiones legales.

Con esta disposición, se incorpora un mecanismo para que los depósitos judiciales que permanezcan sin reclamar, una vez cumplidos los requisitos legales, puedan contribuir al fortalecimiento institucional del Órgano Judicial y a la mejora de los servicios que presta a la población.

ENTRE CENIZAS Y PIÑAS VUELVE A FLORECER LA ESPERANZA

Después de perder sus cultivos en los incendios forestales de 2024, Bernardo Moirenda, volvió a empezar desde cero. Hoy recupera poco a poco su producción de piña agroecológica, una actividad que comparte con su familia y que representa su principal fuente de trabajo y esperanza.

 Ascensión de Guarayos, se encuentra a 340 km al norte de Santa Cruz de la Sierra. Donde la tierra y la agricultura forman parte de la vida de muchas familias, Bernardo Moirenda Barba de 34 años, encontró en el cultivo de piña mucho más que una actividad productiva: encontró una forma de salir adelante junto a los suyos. Sin embargo, en septiembre y octubre de 2024, los incendios forestales arrasaron con sus plantaciones y lo obligaron a comenzar nuevamente.

 Antes de aquella tragedia, Bernardo cultivaba tres hectáreas de piña. El fuego consumió sus sembradíos y dejó atrás años de esfuerzo. Pero, lejos de abandonar su actividad, decidió levantarse y volver a sembrar. A finales de 2024 retomó el trabajo y, con paciencia y dedicación, logró recuperar cerca de una hectárea de cultivo.

 Una cosecha que representa esperanza

 Actualmente, sus plantas se encuentran en la etapa final de maduración y se prepara para la cosecha prevista para noviembre, cuando espera volver a ofrecer sus frutos a los consumidores de Guarayos y Santa Cruz de la Sierra.

 La recuperación no ha sido sencilla. La piña requiere tiempo y cuidados, pues desde la siembra hasta la cosecha transcurren aproximadamente 18 meses. Durante ese periodo, el productor debe realizar labores de limpieza y mantenimiento, especialmente en la época de lluvias, cuando las malezas crecen con mayor rapidez.

 Pese a las dificultades, Bernardo mantiene su apuesta por la producción agroecológica. Sus piñas se cultivan sin el uso de productos químicos, una característica que ha permitido que sus clientes reconozcan y valoren su trabajo. La comercialización se realiza principalmente por cajas, tanto para compradores de Santa Cruz de la Sierra como para consumidores de su comunidad.

 El sabor del trabajo en familia

 Detrás de cada piña hay también una historia familiar. Bernardo trabaja en el campo junto a su padre y su hermano, mientras que su madre y su hermana aprovechan la fruta para elaborar productos derivados, como licores, mermeladas, refrescos, jugos y tortas.

 De esta manera, el cultivo no solo genera frutos, sino que impulsa una actividad en la que cada integrante de la familia aporta sus conocimientos y habilidades. Además de comercializar la fruta, también venden plantines de piña, requeridos por otros productores que buscan plantas de buena procedencia para iniciar o ampliar sus cultivos.

 La temporada de cosecha, especialmente hacia finales de noviembre, representa uno de los momentos más esperados para los productores de la zona. Es también la época en la que la piña cobra protagonismo en la tradicional feria de la piña de Guarayos, donde aumenta el consumo y se abren nuevas oportunidades de comercialización.

 Volver a empezar sin perder la esperanza

 Para Bernardo Moirenda, recuperar su producción después de los incendios significa mucho más que volver a sembrar. Es demostrar que, incluso después de perderlo todo, es posible reconstruir el trabajo con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de la familia.

 Mientras se prepara para una nueva cosecha, también mira hacia adelante. Con el inicio de las lluvias, volverá a sembrar para continuar recuperando las hectáreas que alguna vez tuvo y mantener viva una tradición productiva que forma parte de la identidad de Guarayos.

 Su historia refleja la realidad de muchos productores que enfrentan los efectos de los incendios forestales y encuentran en la tierra una razón para seguir adelante. Hoy, cada piña que madura en su parcela es también un símbolo de recuperación, trabajo y esperanza.





LUZ SIN SORPRESAS AUNQUE EL DÓLAR VARÍE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD BUSCA PROTEGER EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS

El Decreto Supremo 5750 es una buena noticia porque estabiliza las tarifas de luz, lo que significa que el precio de la factura ya no subirá cuando suba el dólar en un día cualquiera. Con esta medida, se podrá planificar de mejor manera los gastos y no existirá ninguna sorpresa o aumento inesperado. Además, es un alivio directo para el bolsillo de la familia boliviana, negocio o parcela, porque trae tranquilidad y equilibrio económico a los hogares de todo el país.

Gracias a esta norma, se “actualizan los mecanismos técnicos de cálculo en el sector eléctrico con el objetivo de amortiguar las variaciones del tipo de cambio. Con esta medida, el Estado boliviano estabiliza los componentes tarifarios para proteger el bolsillo de las familias y evitar incrementos arbitrarios en las facturas de luz”, señala un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, publicado la semana pasada.

Estabilidad y escudo financiero
El DS 5750 estabiliza las tarifas de electricidad frente a las variaciones del dólar. Esta medida protege la economía de las familias bolivianas al modificar las fórmulas de actualización de precios en el sector eléctrico. El decreto, promulgado el 13 de octubre de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, introduce un escudo financiero para que las fluctuaciones bruscas en el mercado de divisas no se trasladen directamente a la factura de luz de los consumidores.

Buena noticia para los usuarios
La principal bondad de esta norma es la previsibilidad y la estabilidad económica en el hogar o negocio, pues, con ella, no existirán las subidas abruptas, se protegerá el bolsillo familiar y se aportará al equilibrio social:

Adiós a las fuertes subidas: al reajustar las fórmulas matemáticas con las que las empresas ajustan los costos de generación, transmisión y distribución, el Gobierno evita que el precio de la luz suba descontroladamente si el dólar se mueve.

Protección del bolsillo familiar: la electricidad es un servicio básico estratégico. Al garantizar tarifas máximas estables, se asegura una planificación de los gastos mensuales sin el temor de que la factura eléctrica se duplique debido al contexto cambiario.

Equilibrio social: la norma cumple con el mandato constitucional de anteponer el “vivir bien” colectivo e integral por encima de los intereses individuales del mercado.

Escudo Tarifario
Tradicionalmente, muchos de los componentes que hacen posible que la luz llegue a cada domicilio (como la maquinaria importada o ciertos insumos), se calculan en dólares. Si el tipo de cambio variaba drásticamente, las tarifas corrían el riesgo de dispararse. Para evitar esto, el Decreto Supremo 5750 ordena las siguientes acciones:

Uso de promedios, no de picos: en lugar de tomar el valor del dólar de un solo día (que podría estar muy alto por razones del momento), la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear de Bolivia (AETN) y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) ahora utilizarán promedios de registros del Tipo de Cambio Oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) durante periodos extendidos de tiempo. Esto “suaviza” cualquier salto brusco en la divisa.

Mayor peso al Índice de Precios al Consumidor (IPC): las nuevas fórmulas combinan el comportamiento del dólar con la inflación interna real, medida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto equilibra la balanza para que los costos se ajusten más a la realidad de la economía nacional que a las presiones externas.

Cálculo a largo plazo para las grandes inversiones: para actualizar el valor de las grandes instalaciones eléctricas compradas en el extranjero, se usará un promedio de 365 días calendario del tipo de cambio oficial. Así, una subida repentina del dólar en una semana específica no afectará las tarifas generales a largo plazo.

Con este decreto, las reglas del juego para las empresas eléctricas se vuelven más estrictas y transparentes, obligándolas a calcular sus tarifas bajo principios de eficiencia y neutralidad. Para el consumidor final, esta medida significa contar con la tranquilidad de que el encendido de electrodomésticos en el hogar o máquinas en el negocio, mantendrán un costo justo y protegido por el Estado.

El DS 5750 es parte integrante del conjunto de medidas que preparan el sector eléctrico, para una economía que requiere que la energía sea el pilar de su desarrollo.

POTOSÍ REGISTRA 126 MUERTES MINERAS Y SUPERA LA CIFRA DE 2025

Potosí registra 127 fallecimientos en operaciones mineras durante 2026, una cifra que supera los 123 decesos reportados en 2025 y establece el registro más alto de los últimos años. Entre los casos más recientes se encuentran dos jóvenes trabajadores que perdieron la vida en la Cooperativa Minera Porco R.L., donde el desprendimiento de planchones provocó lesiones fatales. 

Otro hecho lamentable ocurrió en la cooperativa minera Reserva Fiscal, sección Esperanza, donde un trabajador de 45 años murió por intoxicación aguda con gas de mina. Compañeros del socavón intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un centro médico, pero ya no presentaba signos vitales. El examen forense determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia química. 

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Henry Torrico, dio a conocer estos antecedentes en medio de una creciente preocupación por los riesgos que enfrentan los trabajadores del sector. Las estadísticas muestran una tendencia ascendente: 77 fallecidos en 2022, 107 en 2023, 113 en 2024, 123 en 2025 y 127 en lo que va de 2026. 

Las principales causas de muerte continúan siendo la inhalación de gases tóxicos, derrumbes, caída de planchones y explosiones de dinamita. Diversos reportes reflejan que gran parte de estos hechos ocurre en operaciones cooperativizadas e informales, donde persisten desafíos relacionados con la seguridad industrial y la prevención de riesgos. 

Desde la perspectiva institucional, este panorama refuerza la necesidad de profundizar las acciones de control, capacitación y protección laboral para reducir la accidentabilidad en uno de los sectores productivos más importantes del país. En varios casos, instancias competentes activaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades relacionadas con el incumplimiento de medidas de seguridad.