El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, advirtió este jueves que en el país se viven momentos difíciles para Bolivia porque los gobiernos antecesores dejaron a la nación en bancarrota.

Entre junio y agosto de esta gestión, según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, el país afronta un escenario de contracción del Producto Interno Bruto PIB (estimado entre 0,7% y 1%) debido a conflictos previos.

“Son momentos difíciles para el país, nos han dejado en bancarrota”, expresó el jefe de Estado durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo de los Ayllus en Paz.

Tras el anuncio de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar informal ha registrado una tendencia a la baja, cotizándose alrededor de los 11,52 de bolivianos.

Asimismo, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha intervenido fuertemente aplicando medidas restrictivas como la elevación del encaje bancario del 3% al 7,5% y la emisión de letras para retirar bolivianos de la circulación. Esto busca frenar la especulación con la moneda extranjera.

Aunque, el Gobierno destacó la reducción del riesgo país a 407 puntos básicos según el índice EMBI de JPMorgan, lo que denota una recuperación de la confianza en los mercados internacionales.

Asimismo, el ministro Espinoza sostuvo que el país se encuentra superando el “riesgo de colapso económico heredado” mediante varias medidas legislativas y operativas.

Además, presentó un proyecto de ley enfocado en la formalización de microemprendedores (pago único del 5% sobre ventas), reducción de la prescripción fiscal de ocho a cuatro años, y un “perdonazo tributario” para deudas anteriores a 2017.

Se resalta también que el Proyecto de Ley de Inversiones, de 103 artículos, está orientado a generar seguridad jurídica, simplificar trámites e incentivar el desarrollo tecnológico y la inversión privada.

Igualmente, se inició con la reestructuración de la Aduana Nacional (bajo una propuesta de modelo mixto público-privado impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira) y del Servicio de Impuestos Nacionales.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, recibió el voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras responder 30 preguntas durante la interpelación por las tarifas, demoras y calidad de los servicios de Boliviana de Aviación (BoA).

La sesión se desarrolló este miércoles y concluyó con una votación en la que participaron 139 legisladores. De ellos, 99 votaron por el Orden del Día Puro y Simple, equivalente al voto de confianza; seis votaron por la censura y 34 se abstuvieron. Con estos resultados, Zamora evitó la censura y recibió el respaldo de la mayoría del Legislativo.

Durante su intervención, la autoridad reconoció las dificultades que atraviesa la aerolínea estatal y afirmó que BoA se encuentra en una situación crítica, acumulada durante años. Zamora sostuvo que recibió una empresa con una flota reducida y problemas operativos, financieros y de disponibilidad de aeronaves.

“Estamos recuperando una línea aérea destrozada”, fue una de las frases utilizadas por el ministro para describir la situación encontrada. Según su explicación, al inicio de la actual gestión BoA contaba solamente con ocho aeronaves operativas para atender la demanda nacional. Actualmente, la empresa tiene 10 aeronaves en funcionamiento y la meta es elevar esa cifra a 14 o 15 hasta finales de este año.

Zamora también reveló que durante 2026 se registraron 4.825 vuelos demorados, con un promedio aproximado de 20 retrasos diarios. Del total, 747 vuelos tuvieron demoras superiores a 30 minutos, 2.751 superaron una hora, 1.139 excedieron las dos horas y 188 registraron retrasos de más de cuatro horas.

Entre las causas mencionadas estuvieron problemas técnicos, condiciones climáticas, operaciones en rampa, equipaje, pasajeros, rotación de aeronaves y otros procedimientos vinculados a la operación aérea. También mencionó controles realizados por instituciones como la FELCN y Aduana, además del incremento del precio del combustible de aviación.

Respecto a la situación financiera, el ministro afirmó que BoA no generó utilidades durante las gestiones 2025 y 2026 y atribuyó parte de las dificultades a la falta de aeronaves, la escasez de divisas y problemas acumulados durante anteriores administraciones. Señaló que la recuperación no puede concretarse en solamente nueve meses debido a la magnitud de los problemas encontrados.

En relación con el futuro de la empresa, Zamora fue enfático al descartar una privatización de BoA. Sin embargo, planteó modificar su modelo de gestión para hacerla sostenible y rentable, incluyendo la posibilidad de transformarla en una sociedad anónima y evaluar una Asociación Público-Privada que permita captar inversión y recursos.

El ministro señaló que para fortalecer la aerolínea se requeriría una inversión estimada entre 50 y 60 millones de dólares. La propuesta busca incorporar recursos y mejorar la capacidad operativa sin que esto implique, según la autoridad, la privatización de la empresa estatal.

Zamora también defendió la política de cielos abiertos, que permitirá el ingreso de nuevas aerolíneas y una mayor competencia en el mercado nacional. Sostuvo que BoA debe mejorar sus condiciones para competir y ofrecer mejores alternativas a los pasajeros.

Sobre las tarifas aéreas, explicó que los precios deben adecuarse a la realidad económica del país y a los costos de operación, aunque afirmó que actualmente se mantienen dentro de los límites establecidos por la normativa correspondiente.

Finalmente, Zamora destacó la importancia de la fiscalización legislativa y expresó su disposición para continuar proporcionando información a los parlamentarios. Tras varias horas de preguntas, respuestas y debate, la Asamblea otorgó el voto de confianza al ministro, mientras continúa el debate sobre el futuro financiero, operativo y administrativo de Boliviana de Aviación.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz concentra su agenda en dos objetivos considerados estratégicos para la recuperación económica del país: resolver la problemática del abastecimiento de combustibles y avanzar en la aprobación de la Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el mandatario mantiene una agenda enfocada en los principales problemas estructurales del país y en la búsqueda de soluciones para reactivar la economía nacional. La autoridad explicó que el Ejecutivo considera vinculados ambos desafíos, debido a que la normalización del suministro energético y la generación de condiciones de seguridad jurídica son fundamentales para recuperar la actividad productiva y atraer nuevas inversiones.

“Nos preocupa resolver el tema de la provisión de combustible”, afirmó Gálvez, al remarcar que este asunto constituye una de las prioridades inmediatas de la administración de Paz. Paralelamente, el Ejecutivo busca destrabar el tratamiento de la Ley de Inversiones, considerada una norma central para establecer nuevas reglas y generar mayor previsibilidad para capitales nacionales y extranjeros.

La propuesta forma parte de un paquete de reformas económicas impulsado por el Gobierno para modificar las condiciones de inversión en Bolivia y promover la participación del sector privado. El presidente Paz había anunciado que la Ley de Inversiones sería una norma fundamental para acompañar otras iniciativas relacionadas con hidrocarburos, minería, energía y alianzas público-privadas.

El proyecto, sin embargo, enfrenta actualmente un procedimiento de subsanación luego de que la Asamblea Legislativa devolviera el documento al Ejecutivo por una observación técnica en la foliación. El vicepresidente Edmand Lara explicó que una de las fojas se encontraba en blanco y que la devolución tenía carácter técnico-administrativo, sin constituir una observación de fondo al contenido de la propuesta.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la aprobación de esta normativa permitirá fortalecer la seguridad jurídica, reducir trabas burocráticas y establecer condiciones que incentiven la llegada de capital privado y extranjero, especialmente hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

En materia energética, el Gobierno también impulsa cambios destinados a reducir la presión que representa el subsidio a los combustibles y garantizar un suministro más estable. Entre las medidas recientes figura el incremento del precio del diésel para grandes consumidores, mientras se mantiene un tratamiento diferente para el consumo general.

Gálvez sostuvo además que el Gobierno pretende concentrar el debate en soluciones de fondo y en la construcción de un nuevo modelo económico, dejando en segundo plano otros asuntos coyunturales. En ese marco, defendió la capacidad de Paz para conducir el proceso de transformación y destacó la “solidez, sensatez y firmeza” del mandatario.

La agenda económica del Ejecutivo también contempla combatir la corrupción, reducir la burocracia y promover alianzas público-privadas para movilizar recursos hacia sectores estratégicos.

Con la atención puesta en garantizar combustibles y generar nuevas condiciones para la inversión, el Gobierno busca avanzar en una agenda económica que considera fundamental para la recuperación productiva y la generación de empleo en Bolivia.

Al momento, la preocupación del presidente Rodrigo Paz Pereira está centrada en resolver la problemática del combustible y destrabar la Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó este miércoles el vocero presidencial José Luis Gálvez.

“En realidad al presidente (Paz Pereira), lo encontré ayer, muy ocupado tratando temas de fondo del Estado”, destacó la autoridad gubernamental.

Y es que, el desabastecimiento de combustibles y el tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Inversiones, son ahora los ejes centrales del poder Ejecutivo. Ambas problemáticas están directamente conectadas, ya que se busca la normativa legal para restaurar la seguridad jurídica y atraer los capitales extranjeros necesarios para reactivar el sector energético en la ALP.

Gálvez remarcó que el objetivo es centrar el debate público en los aspectos trascendentales para la transformación y creación de las bases de este nuevo sistema. Asimismo, aclaró que la gestión gubernamental continúa con normalidad, independientemente de la atención que los medios y las redes sociales presten a otros temas cotidianos.

“Estamos preocupados más bien por los temas de gestión, nos preocupa resolver el tema de la provisión de combustible, nos preocupa la aprobación de las leyes que se han planteado en la Asamblea Legislativa (Plurinacional) y particularmente a la Ley de Inversiones”, subrayó el vocero presidencial.

Asimismo, ante la coyuntura nacional, la autoridad sostuvo que el presidente tiene la solidez, sensatez y firmeza necesarias para enfrentar los diferentes desafíos en su administración gubernamental.

En esa línea, el Ejecutivo está centrado en estabilizar la economía nacional, superar la escasez de combustible, erradicar la corrupción y desmantelar el exceso de trabas estatales a través de un modelo de “capitalismo para todos” y alianzas público-privadas.