El Gobierno anunció este lunes medidas de apoyo financiero para los comerciantes y trabajadores afectados por el incendio en la feria Barrio Lindo, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, y aclaró que la seguridad de las familias es la prioridad antes de iniciar cualquier plan de reorganización.
Los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza; junto al alcalde de Santa Cruz, Carlos Manuel Saavedra; indicaron que proseguirán con el apoyo a las familias damnificadas por el siniestro registrado en la feria —ubicada entre el tercer y cuarto anillo de la capital oriental—, garantizando que la ayuda estatal se mantendrá de forma continua más allá de la fase de emergencia inicial, mediante planes de apoyo económico y técnico.
“Estamos trabajando para establecer líneas de crédito para recuperar el capital de trabajo. Entendemos que no están pidiendo regalos, lo que piden es poder volver a trabajar”, declaró Espinoza.
En este contexto, esta cartera de Estado coordinará con la alcaldía cruceña la elaboración y validación de una lista precisa de los damnificados. El propósito es entregarles recursos rápidamente para que repongan mercadería y herramientas, reactiven sus negocios y recuperen sus ingresos.
“Vamos a trabajar en esas líneas de crédito para el capital de aquellos que lo han perdido aquí adentro y, para eso, necesitamos trabajar en coordinación con la alcaldía en las listas de quienes han resultado afectados”, afirmó el ministro.
En este sentido, el Gobierno coordinará con los bancos la reprogramación y refinanciamiento de créditos para los damnificados. El objetivo es darles un periodo de alivio financiero para que reconstruyan sus negocios sin la presión del pago inmediato de sus deudas.
Plan conjunto
Por su parte, el ministro Justiniano afirmó que la seguridad de las familias afectadas está primero, y que posteriormente se verá una pronta reorganización del área. “Ya hay un plan municipal y, como Gobierno central, la línea de nuestro presidente (Rodrigo Paz Pereira) es ayudar de todas las maneras posibles. Entonces estamos evaluando, el ministro de Economía ya ha lanzado algo de información, pero vamos a estar junto a ellos para ver cómo se los puede ayudar”.
La autoridad remarcó que se trabaja en un plan conjunto entre el Gobierno nacional y los subnacionales para ayudar a todos los damnificados por el siniestro ocurrido en el sector Acronal, el cual se produjo en la madrugada del pasado jueves 6 de agosto, y se expandió rápidamente debido a la gran cantidad de material inflamable y textiles en el lugar.
“Hay que trabajar con el gobernador y con nuestro alcalde. Hemos estado coordinando con él todas las acciones desde el inicio y bueno, ahora hay que ver cómo ayudamos a nuestra gente”, puntualizó Justiniano.
PROYECTO DE LEY DE INVERSIONES TIENE TRES EJES Y FUE SOCIALIZADO CON REGIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS
El Proyecto de Ley de Inversiones que tratará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a petición del gobierno del presidente constitucional Rodrigo Paz, tiene tres ejes: normalizar la inversión en la vida económica de Bolivia, dar seguridad jurídica a los inversionistas y finalmente, ordenar toda la normativa legal que existe y que debe regir sobre la inversión nacional y extranjera en el país.
Tal explicación, la dio el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza en conferencia de prensa a tiempo de informar que el Proyecto de Ley referido ya se encuentra en poder de la ALP. Aclaró que el Proyecto de Ley fue socializado con regiones, sectores empresariales, sectores formales, pequeña y mediana empresa, sectores extractivos, industriales productivos, e incluso gremiales, y la Central Obrera Regional de El Alto.
“La inversión tiene que ser un elemento normal de la vida económica”, dijo el ministro al explicar que la normativa propuesta busca crear un sistema de incentivos que permita dar previsibilidad, confianza, estabilidad y seguridad al inversionista extranjero sin violentar la Constitución Política del Estado (CPE). Pero, además, el esquema propuesto busca normar el tema para los siguientes 20 a 30 años.
Como segundo elemento, el gobierno analizó a profundidad lo que establece la Constitución en cuanto a los límites y derechos de inversión y se identificó que se distorsionó o sobredimensionó en muchos casos con mala interpretación abusos a la inversión en Bolivia, esto en cuanto a las nacionalizaciones que hubo en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ahora el proyecto de ley remitido a la ALP otorga a los inversores seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad, en resumen, se le da un trato “de buena fe desde el Estado boliviano”, esto, sin necesidad de iniciar reformas a la Constitución Política.
Como tercer elemento, en favor del estímulo a las inversiones nacionales y extranjeras, la gestión de Gobierno actual ordenó toda la normativa legal referente a inversiones y a partir de ello construirá un Sistema Nacional de Inversiones, ámbito que evaluará permanentemente el desarrollo de las inversiones, y que será complementaria a la Agencia Nacional de Inversiones.
El Sistema Nacional de Inversiones coordinará los esfuerzos de todas las entidades publicas desde el nivel central, hasta las gobernaciones para que la atención a las inversiones se realice con regulación, promoción y bajo un criterio de estrategia de inversión que siga un orden lógico.
En cuanto a los incentivos para los inversionistas no establecerán privilegios, pero si habrá condiciones de previsibilidad y estabilidad y confianza. “El estado regula de manera racional con reglas claras que evitan cualquier tipo de abusos”, dijo Espinoza.
En el marco de los operativos permanentes de control desarrollados durante la semana pasada, el Distrito Comercial Potosí de YPFB, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), identificó diversas irregularidades en estaciones de servicio del departamento, como parte de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y combatir prácticas ilícitas que afectan a la población.
Durante las inspecciones fueron detectados 55 vehículos que incurrieron en doble carguío o repetitividad en la carga de combustible, situación que constituye una infracción a la normativa vigente. Estas movilidades fueron retiradas de las filas y reportadas a la ANH para que regularicen su situación antes de volver a acceder al servicio.
Los equipos de control también identificaron 16 vehículos con el sistema B-SISA en mal estado, condición que dificulta el adecuado control del despacho de combustibles y que fue observada durante los operativos.
Asimismo, fueron detectadas siete movilidades con placas presuntamente clonadas. Estos casos fueron reportados de inmediato a las instancias correspondientes y los vehículos retirados de circulación para la investigación respectiva.
Los operativos también permitieron identificar a 44 vehículos que permanecían en filas tanto para diésel oil como para gasolina especial con el objetivo de comercializar sus espacios. De acuerdo con testimonios de algunos transportistas, estos lugares eran vendidos entre 100 y 150 bolivianos, práctica que perjudica a los usuarios que esperan abastecerse de combustible.
"Estos operativos continuarán desarrollándose de manera coordinada con la ANH para identificar y sancionar a quienes incumplen la normativa, evitando que el combustible destinado al consumo de la población sea desviado hacia actividades ilícitas o al mercado negro. Nuestro compromiso es garantizar el abastecimiento y reducir las filas en las estaciones de servicio del departamento", afirmó el Distrital Comercial de YPFB en Potosí.
La autoridad explicó que también se intensificarán las tareas de fiscalización para identificar a quienes estarían trasladando combustibles de manera irregular hacia distintos sectores, entre ellos algunas cooperativas mineras, con fines de comercialización ilegal. En caso de comprobarse estas acciones, los responsables serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones establecidas por ley.
El Distrito Comercial Potosí reafirmó que YPFB continuará ejecutando operativos de control en coordinación con la ANH para garantizar un abastecimiento transparente, ordenado y seguro de diésel oil y gasolina especial, protegiendo el suministro destinado a la población y evitando prácticas que perjudiquen la economía del país.
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que este martes 11 de agosto remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Inversiones, una propuesta que, según el Gobierno, fue sometida previamente a un proceso de socialización con diferentes sectores.
El anuncio fue realizado por el mandatario el pasado jueves 6 de agosto, durante su informe a la nación desde la ciudad de Sucre, donde destacó los principales resultados de sus nueve meses de gestión.
“El martes 11 de agosto, enviaré el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de un largo proceso de socialización”, afirmó Paz durante su intervención.
La iniciativa recibió una valoración positiva del sector empresarial. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, consideró que el proyecto puede convertirse en una señal importante para recuperar la confianza y contribuir a que Bolivia vuelva a ser un destino atractivo para las inversiones.
“Como empresarios, felicitamos al Gobierno y esperamos que esto pueda proteger las inversiones y el patrimonio privado tanto del sector privado nacional como extranjero”, manifestó Kempff.
El representante del empresariado paceño remarcó que la propuesta legislativa puede generar mejores condiciones para la llegada de capitales y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
“Abre las puertas a las inversiones y es lo que realmente el país necesita”, sostuvo Kempff, al destacar la importancia de contar con una normativa que brinde mayores garantías a los inversionistas.
Asimismo, señaló que el proyecto también contempla aspectos relacionados con el arbitraje, mecanismo que, a su criterio, puede contribuir a generar mayor seguridad para las inversiones extranjeras que lleguen a Bolivia.
“Va a coadyuvar en el tema del arbitraje para que las inversiones extranjeras que vengan al país puedan tener la alternativa de la seguridad jurídica”, afirmó el dirigente empresarial.
El proyecto de Ley de Inversiones fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, antes de su envío al Legislativo, fue socializado con distintos sectores, en un proceso destinado a recoger criterios y propuestas para la normativa.
Con su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto ingresará a una nueva etapa de análisis y tratamiento parlamentario, donde deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de una eventual aprobación.
Guayaramerín será escenario, este 13 de agosto, del lanzamiento del Plan Fronteras Seguras, una iniciativa conjunta entre Bolivia y Brasil destinada a reforzar la vigilancia en zonas limítrofes y coordinar acciones contra organizaciones delictivas transnacionales.
El acto contará con la presencia del presidente boliviano Rodrigo Paz, el ministro de Seguridad y Justicia de Brasil, Wellington Lima e Silva, y autoridades de la Policía Federal brasileña.
El operativo tendrá alcance en Pando, Beni y Santa Cruz, con la implementación de controles permanentes en sectores considerados estratégicos, entre ellos Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez y San Matías.
Como parte del acuerdo, Bolivia y Brasil establecerán mecanismos de cooperación para compartir información e inteligencia, además de facilitar la coordinación entre sus organismos de seguridad. También se prevé la presencia de representantes de la Policía Federal brasileña en Bolivia y de efectivos bolivianos en territorio brasileño.
La estrategia busca responder al avance de estructuras criminales en áreas fronterizas y fortalecer la capacidad de ambos países para prevenir actividades ilícitas.
Entre las acciones desarrolladas previamente en territorio boliviano figuran operativos de control en San Matías, intervenciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales, decomisos y la identificación de pistas utilizadas para actividades ilegales.
Con el Plan Fronteras Seguras, ambos gobiernos pretenden consolidar una respuesta coordinada y permanente frente a la delincuencia organizada en la frontera compartida.





