El Gobierno dejó en claro este martes que no tiene nada que ocultar y rechaza, por considerarlas infundadas, las denuncias de Nadia Beller, quien fue víctima de un atentado contra su vida a manos de sicarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de cuya autoría intelectual acusó al argentino Fernando Cerimedo.

Además, Beller también denunció a diversas autoridades gubernamentales, hecho que, según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, causó sorpresa e indignación en ellas, por lo que, el presidente Rodrigo Paz Pereira, pidió total colaboración con las investigaciones del Ministerio Público para que se establezca la verdad. Como una muestra de ello, el Ejecutivo asegura que no encubrirá ni protegerá políticamente a Cerimedo.

“La decisión personal del presidente fue no emitir criterio de manera pública para dejar que se sepa la verdad, para que se investigue con toda libertad y así va a ser. Estamos seguros que se conocerá la verdad, si hay algo que deba ser investigado por alguien cercano al presidente o alguien del entorno del Gobierno, igual somos ciudadanos y tenemos que rendir cuentas ante la ley”, declaró el vocero presidencial, en conferencia de prensa.

Sobre el presunto rol de Cerimedo en el Gobierno, Gálvez aclaró que el argentino nunca trabajó bajo alguna responsabilidad en la estructura gubernamental, y menos, definía o establecía cómo desarrollar la política comunicacional.

En realidad, según informó la autoridad, el papel de Cerimedo fue tangencial y solamente, en algún momento, se le hacía alguna consulta referida al campo comunicacional, debido a que colaboraba a título personal y no tuvo atribuciones para tomar decisiones y menos dar órdenes.

Gálvez recordó que se enteró de que el argentino jugó un rol durante la campaña electoral presidencial, donde cooperó y colaboró, pero tampoco tenía un cargo específico, por tanto, la presencia de Cerimedo siempre estuvo en el campo de una asesoría de índole personal.

Respecto a denuncias en sentido de que a Cerimedo se le otorgaban comisiones por negociaciones de grandes contratos, Gálvez respondió que ello tendrá que investigarse y demostrarse. El vocero aseguró no tener conocimiento de que el argentino hubiera gozado de algún privilegio o contado con escolta o guardia personal.

Respecto a reclamos de Beller, en el sentido de que no cuenta con la seguridad policial necesaria y su vida está aún en riesgo, Gálvez sostuvo que desde la noche que fue internada en un nosocomio, contó con policías que la custodiaban en el interior de su habitación, en la puerta, el exterior y en graderías de la clínica donde recibió la atención médica. Al mediodía de esta jornada, se incrementó la guardia con diez policías más, completando un contingente de 15 uniformados listos para protegerla.

“Hay una indignación (al interior del Gobierno), todos nos merecemos conocer la verdad y por eso hay que dejar que se investigue, no queremos interferir”, reiteró Gálvez, al señalar que el Ministerio Público tiene la tuición de investigación plena y tiene total libertad para realizar sus pesquisas, mientras que, de parte del Gobierno, se ofrecerá toda la colaboración pertinente.

Con el objetivo de regularizar la provisión de diésel y eliminar las filas en los surtidores para la compra de este combustible, el Gobierno nacional ha decidido que los grandes consumidores paguen el producto a precio internacional. La decisión se da en el marco de un sensible incremento del precio de este producto en el mercado internacional que ha generado que contrabandistas y mafias aprovechen estas circunstancias para especular y revender el carburante, provocando desabastecimiento y grandes filas. Éstos, compran el carburante a 9,80 bolivianos y lo revenden en países vecinos o el mercado negro, a más de 15 y hasta 20 Bs.

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel pagarán a partir de la fecha Bs 18 el litro del combustible. Al mismo tiempo, la norma mantiene el precio de Bs 9,80 para todos los demás consumidores, transportistas y particulares.

Para estos grandes consumidores, el precio del diésel se acercará al costo que tiene para el país importar ese combustible. Se trata de empresas, industrias e instituciones que utilizan grandes cantidades de diésel para sus actividades y que compran el combustible directamente.

El decreto no está dirigido al ciudadano que carga diésel para su vehículo ni significa un aumento general del precio para todos. La norma solo aplica a grandes consumidores, clientes y usuarios directos que compraban volúmenes importantes de este carburante a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Para los usuarios particulares y para el transporte, se mantienen los precios finales regulados. Sin embargo, si estos usuarios solicitaran una provisión adicional de diésel que supere a la de su consumo habitual (el llenado del tanque de su vehículo), también pagarán el costo de Bs 18 por litro.

Durante las últimas semanas, pese al esfuerzo económico del Estado por adquirir y distribuir ese carburante necesario para la actividad productiva, se constató que las mafias, no importa cuánta cantidad de diésel importe el Gobierno, desvían ingentes cantidades del combustible, desangrando al mismo tiempo la economía del país y provocando desabastecimiento. Ante esa realidad, el Gobierno tuvo que tomar medidas de fondo analizando todas las variables de esta situación.

Es por ello que se optó por adoptar medidas que, en primer lugar, no afecten a los particulares, ni al transporte, quienes continuarán pagando Bs 9,80 el litro de diésel y, se decidió, incrementar el costo a Bs 18 para los grandes consumidores de diésel, que tienen cupos asignados y se les vende grandes cantidades del combustible. Al mismo tiempo, el Gobierno ha decidido estimular e incentivar la importación de diésel por parte de los privados.

El decreto, entonces, normaliza los precios del combustible para grandes consumidores quienes pagarán lo que se cancela en cualquier país vecino, introduce un Precio Referencial para segmentos específicos y mantendrá el precio general para los demás consumidores. El Precio Referencial incorpora costos de importación e impuestos y será actualizado cada semana, una vez aprobada la metodología.

Diferenciación

El Decreto establece la siguiente diferenciación entre los Grandes Consumidores (GRACOS), Clientes y Usuarios Directos que compran en cisternas:

a. Usuario directo: En volúmenes desde 120 hasta 5.000 litros de manera mensual para consumo propio, a ser adquiridos desde estaciones de servicio de combustibles líquidos.

b. Cliente directo: En volúmenes desde 5.000 hasta 19.999 litros de manera mensual para consumo propio, a ser adquiridos desde plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos.

c. Gran Consumidor – GRACO: En volúmenes iguales o mayores a 20.000 litros de manera mensual exclusivamente para consumo propio, a ser adquiridos desde las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos.

Como referentes regionales sobre este tipo de precios diferenciados está Colombia, que aplica la segmentación de grandes consumidores y el vínculo con el precio internacional, mientras que Chile aporta un referente importante sobre metodología de paridad de importación y transparencia.

Una intensa nevada registrada en el sector de La Cumbre obligó a suspender las salidas de transporte desde la Terminal Minasa hacia el Nor y Sud Yungas, debido a las condiciones adversas que presenta la carretera.

La acumulación de nieve y hielo en la vía, acompañada por la reducción de la visibilidad, genera dificultades para la circulación vehicular en este tramo de la carretera que conecta La Paz con los Yungas. La medida busca evitar accidentes y exponer a los pasajeros y transportistas a situaciones de riesgo.

Desde la Terminal Minasa se mantiene la suspensión de los viajes hacia los Yungas mientras persistan las condiciones climáticas desfavorables. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la hora en que se restablecerá el tránsito ni sobre una eventual reapertura de la ruta.

La situación también genera preocupación entre pasajeros que tenían previsto trasladarse durante esta jornada, quienes deben permanecer atentos a las disposiciones de la administración de la terminal y de las autoridades responsables del control de la carretera.

La Administradora Boliviana de Carreteras mantiene el monitoreo de diferentes puntos de la Red Vial Fundamental y recomienda a los viajeros verificar las condiciones de las rutas antes de iniciar cualquier recorrido. La entidad reportó este martes la existencia de tramos con cierres, restricciones y circulación condicionada en distintos sectores del país.

Ante la presencia de nieve y posibles sectores congelados, se recomienda a los conductores no intentar atravesar la zona mientras no exista autorización para la circulación y esperar los reportes oficiales sobre la habilitación de la carretera.

La Cumbre constituye un punto obligado de paso para quienes se dirigen por carretera hacia los Yungas, por lo que cualquier interrupción en este sector afecta directamente las salidas desde la Terminal Minasa y el transporte hacia las poblaciones del norte y sur yungueño.

El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) definirán el próximo 28 de agosto los alcances de la Ley de Inversiones, el Presupuesto General del Estado y el modelo 50-50.

“Va a ser un placer recibirlo el 28 de agosto a las 11 de la mañana en el Ministerio de la Presidencia para poder reunirnos con los miembros de la Federación de Asociaciones Municipales, en compañía también de los alcaldes de ciudades capitales, para empezar a conversar y definir una ruta crítica de trabajo que nos permita abordar todos los desafíos que se han planteado”, expresó en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

La autoridad enfatizó que este nuevo ciclo requiere acuerdos de gestión profundos y duraderos por el bien de la patria, rechazando las alianzas superficiales o simbólicas.

Para Aramayo, el plan gubernamental no solo busca dar oxígeno fiscal, sino optimizar la salud, la educación y los servicios básicos, además de atraer recursos con la Ley de Inversiones.

En relación con el nuevo modelo financiero, se plantea reestructurar las finanzas públicas bajo una “democracia resolutiva” que atienda la asfixia fiscal y entregue soluciones reales para la ciudadanía. 

Aramayo hizo hincapié en que los gobiernos locales son los verdaderos motores para generar empleo, dinamizar el comercio, construir infraestructura y crear bienestar social. 

En este contexto, dijo que es imposible reactivar la economía nacional, ni devolver certidumbre al país, sin un trabajo conjunto con las autonomías. 

También recalcó que el Órgano Ejecutivo aspira a avanzar formalmente hacia el federalismo mediante la propuesta del “50-50”, superando las fallas del actual modelo autonómico.

Por su parte, el alcalde de Tarija y actual presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, resaltó la determinación del Gobierno de realizar un encuentro directo con los alcaldes de las nueve ciudades capitales, incluido El Alto.

La autoridad edil remarcó que los municipios respaldan esta ley para atraer inversión extranjera y habilitar alianzas público-privadas en proyectos como el tratamiento de la basura, carreteras y alumbrado público.
 
Torres, de la misma manera, subrayó que la reciente Ley del Presupuesto General del Estado modificada inyectó recursos adicionales que evitaron el cierre de más de la mitad de los municipios, garantizando su operación hasta el 31 de diciembre.