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GOBIERNO FORTALECE LA SEGURIDAD FRONTERIZA CON EL PLAN FRONTERA SEGURA
El Gobierno boliviano puso en marcha el plan binacional “Frontera Segura”, una estrategia destinada a fortalecer la presencia del Estado y combatir de manera permanente al crimen organizado en las zonas fronterizas con Brasil.
La iniciativa comenzó oficialmente el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni, con la participación de autoridades bolivianas y brasileñas. El plan contempla una mayor coordinación entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, principalmente mediante el intercambio de información sobre organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El Gobierno definió como áreas prioritarias los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, donde se busca enfrentar delitos transfronterizos como narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando y otras actividades vinculadas al crimen organizado. La estrategia contempla operaciones de carácter permanente en puntos considerados críticos.
Uno de los primeros resultados del despliegue se registró durante el fin de semana. En Santa Ana del Yacuma, Beni, la Policía ejecutó allanamientos vinculados a una investigación criminal y reportó la aprehensión de siete personas. Durante las operaciones fueron decomisados dos fusiles AR-15, un AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos granadas, cargadores y municiones de diferentes calibres. También fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos de interés investigativo.
En Puerto Quijarro, Santa Cruz, las autoridades ejecutaron además la expulsión de dos ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad. De acuerdo con información del Ministerio de Gobierno, uno de ellos estaría vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC) y tendría una orden de detención vigente en Brasil. Ambos fueron entregados a las autoridades brasileñas.
El fortalecimiento de la presencia policial constituye otro componente central de la estrategia. En Guayaramerín, el Gobierno prevé elevar de manera permanente el contingente policial hasta 200 efectivos, reforzando el control territorial en una zona considerada estratégica por su ubicación fronteriza y por las rutas utilizadas para actividades ilícitas.
Desde el Gobierno, el plan es presentado como un cambio en la forma de enfrentar la inseguridad fronteriza: pasar de intervenciones aisladas a operaciones sostenidas, intercambio de inteligencia y coordinación binacional, con el objetivo de impedir que grupos criminales aprovechen la frontera para ingresar al país o escapar de la justicia.
La aplicación del plan se produce después de varios hechos violentos registrados en municipios fronterizos y de la preocupación expresada por las autoridades ante la actividad de organizaciones criminales brasileñas. La cooperación con Brasil busca precisamente cerrar espacios de movilidad para estas estructuras y fortalecer la capacidad de respuesta de ambos Estados.