El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, denunció ante la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país sufrió un “ataque del narcoterrorismo” durante los recientes bloqueos de caminos que paralizaron por 53 días al país y que tenía el objetivo de interrumpir el proceso democrático.

“Nosotros hemos sufrido el ataque de ese narcoterrorismo, reitero, por 53 días”, advirtió el jefe de Estado, quien participó por primera vez ante el organismo internacional con un discurso de aproximadamente 16 minutos.

El bloqueo de caminos dejó un saldo de 22 personas fallecidas (19 de ellas afectadas de forma indirecta, como pacientes que no pudieron recibir atención médica a tiempo, y 3 participantes de las movilizaciones). Asimismo, se estima una pérdida de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ese período.

El presidente calificó la situación del país como una agresión financiada directamente por el crimen organizado y el narcotráfico; por ello, afirmó que se encontró con un “Estado indefenso” y sin la capacidad suficiente de recursos económicos y humanos para combatir esta amenaza.

Romper la democracia
Además, Paz Pereira condenó enérgicamente las acciones que tienen como objetivo romper el orden constitucional y democrático de las naciones.

“Por eso, esas mafias que no tienen constitución, que no tienen leyes, que no tienen que reportar recursos, son mafias que utilizan el crimen organizado (…) ya sea del narcotráfico, ya sea del contrabando, ya sea del oro. No importa la fuente, lo importante es destruir constituciones, destruir democracias, destruir estabilidad social”, advirtió.

En ese tiempo de conflictos, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’ cambiaron la dinámica de las movilizaciones sociales por una exigencia política que demandaba la renuncia ilegal del presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, vinculados a sectores radicales evistas y el narcoterrorismo.

Durante su discurso, el presidente marcó una clara línea divisoria entre las demandas ciudadanas legítimas y los actos delictivos que buscan desestabilizar al país y a la región. El mandatario validó el derecho de la población a exigir una vida digna, mejores servicios de salud, educación e infraestructura.

Mafias transnacionales
Posterior a su denuncia, el jefe de Estado alertó a la comunidad internacional sobre el peligro que representan las organizaciones criminales, detallando que estas estructuras no respetan leyes ni constituciones. Señaló que estas “mafias” utilizan recursos provenientes del narcotráfico, el contrabando o la explotación ilegal de oro con el único fin de destruir la estabilidad social y la democracia.

Finalmente, el presidente afirmó que, pese a las dificultades, Bolivia se encuentra peleando para superar la crisis actual con el objetivo de normalizar su capacidad productiva y reactivar las exportaciones del país.

A sus avanzados años, Don Enrique Silva S. solo albergaba un deseo humilde: ingresar a un asilo. Vivir sus últimos días rodeado de personas de su edad, con una cama segura y sin el peso perpetuo de la soledad. Huérfano y sin familia que vele por él, su única compañía fiel son unos cuantos gatos a los que alimenta a duras penas, priorizando el bocado de ellos antes que el suyo.

Pero la burocracia, los fantasmas del pasado y una polémica medida edil le han cerrado la puerta no solo al hogar de ancianos, sino a la propia subsistencia.

La pesadilla de Don Enrique comenzó hace más de un cuarto de siglo, en la navidad del 24 de diciembre de 2001. Con el semáforo en verde, una mujer se cruzó repentinamente delante de su vehículo. Pese a no tener culpa, él se detuvo a auxiliarla. La señora se levantó asegurando estar bien, pero la conciencia de Don Enrique le dictó llevarla a un centro médico.

Nunca imaginó la trampa en la que caía. Minutos después apareció la hija de la señora —abogada de profesión—, quien movilizó a Tránsito para retener su motorizado. Días más tarde, la supuesta afectada presentó facturas astronómicas por cirugías, fracturas múltiples y resarcimientos económicos. El resultado: Don Enrique terminó tras las rejas en plenas fiestas de fin de año, recuperando su libertad recién el 2 de enero de 2002 bajo presión y con un acuerdo forzado: entregar su movilidad como pago total de la deuda.

Confiando en la promesa de la abogada, quien aseguró que ella haría los trámites de transferencia y descargo, Don Enrique entregó el vehículo. Craso error. Esa confianza ciega se convertiría en una condena administrativa que lo perseguiría 26 años después.

Recientemente, Don Enrique intentó dar pasos firmes hacia su ingreso al asilo, pero se conoció con una muralla infranqueable. La Alcaldía de La Paz implementó una agresiva política de cobros coactivos y congelamiento masivo de cuentas bancarias a contribuyentes con deudas tributarias en mora, una medida impulsada bajo la administración municipal que ha afectado a más de 100.000 ciudadanos.

Para su sorpresa, la cuenta donde Don Enrique percibe su renta mensual y sus modestos ahorros fue bloqueada. ¿El motivo? Le exigen el pago de 14.200 bolivianos por concepto de impuestos atrasados de aquel vehículo que le arrebataron hace 26 años y que jamás volvió a manejar, pero que legalmente seguía a su nombre debido a los vacíos en el trámite de traspaso que la abogada demandante nunca concluyó.

"Las pruebas del señor son así cuando uno quiere hacer las cosas bien... El error de años me siguió hasta hacerme pagar hoy", relata con lágrimas en los ojos, consciente que ni juntando sus ingresos vitalicios podrá salir de esta situación.

El caso de Don Enrique expone las duras consecuencias de la masiva retención de fondos aplicada por la comuna paceña. Aunque las entidades financieras le han exigido un certificado de una autoridad competente que declare su cuenta como inembargable (al tratarse de rentas de sobrevivencia), la cruda realidad financiera lo aplasta: su Renta Dignidad y su bono apenas alcanzan los 500 bolivianos mensuales. Incluso si le habilitaran el acceso a esos fondos, es matemáticamente imposible que un adulto mayor en absoluta precariedad cancele una deuda inflada de 14.200 bolivianos.        

"Me gustaría que el alcalde antes de congelar las cuentas debería notificar y más que todo revisar caso por caso yo ahora no tengo de donde sacar",

Mientras la Alcaldía defiende el procedimiento bajo el argumento de cumplir normativas de recaudación, en la calle miles de ciudadanos —como Don Enrique— denuncian que estas medidas ciegas golpean a los sectores más indefensos, a quienes vendieron sus vehículos hace décadas y jamás fueron notificados debidamente, convirtiendo el sistema tributario en un laberinto sin salida.

Hoy, Don Enrique ya no pide justicia para el pasado; solo pide tregua. Con las manos vacías, cuentas secuestradas y el corazón puesto en sus gatos —a los que teme dejar sin alimento—, este abuelo resiste el peso de una ley insensible que prefiere cobrar tributos fantasmas antes que mirar el rostro humano de la vulnerabilidad.



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SJ