Cochabamba, 12 de abril de 2023 (ABI). - Los movimientos sociales de Cochabamba recibieron con “decepción la leve condena” que la justicia dictó para tres miembros del grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala (RJC), aseguró el dirigente Franco García.
“Seis años para quienes asediaron y causaron destrozos a bienes del Estado, atemorizaron y generaron violencia hacia la población civil, a indígenas y mujeres de pollera es, lastimosamente, muy poco, leve, decepcionante”, indicó el dirigente a la estatal Bolivia Tv.
García adelantó que pedirán la revisión de la sentencia para que se amplíe la condena para ese “peligroso grupo” que operó entre 2019 y 2020 al amparo del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el régimen de facto de Jeanine Áñez.
La Fiscalía General del Estado señaló que la sentencia dictada el miércoles en la Capital boliviana contra los principales cabecillas de la RJC contribuye al cumplimiento de la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI, en su informe sobre los hechos violentos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, calificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista como grupos parapoliciales violentos y recomendó al Estado boliviano su desarticulación para evitar más acciones y vulneraciones de derechos humanos en el país.
El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, dijo que en el juicio oral la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción “demostró con pruebas contundentes” que Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé son autores de los delitos de tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron el edificio de la Fiscalía General del Estado.
“Por ello, el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital dictó sentencia de seis años de cárcel a cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre”, indicó a la prensa.
El grupo parapolicial, mandado por Arturo Murillo —quien pidió públicamente la dimisión del Fiscal General, Juan Lanchipa— llegó armado a la ciudad de Sucre el año 2020 con la finalidad de forzar de manera violenta, precisamente, la renuncia de esa autoridad.
En ese objetivo, sus miembros asediaron y causaron destrozos al inmueble, considerado patrimonio de Sucre, atemorizaron y generaron zozobra en la población civil y amenazaron a los servidores públicos de la institución.
Con esos antecedentes, durante el juicio oral, dijo Nava, el Ministerio Público presentó 101 pruebas documentales y 11 testificales con las que sustentó la acusación fiscal y demostró la autoría de los involucrados ante la autoridad jurisdiccional.
Los también acusados Milena Soto y Mario S.S. y Ayda R. L.T. fueron absueltos. Soto fue absuelta porque demostró que no estaba en Sucre cuando ocurrieron los hechos de violencia, mientras que en los dos casos restantes no se tienen las suficientes pruebas.