Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red Boliviana de Economía Política
La economía boliviana atraviesa una etapa crítica marcada por una inflación acumulada del 9,81 % en solo cinco meses, una fuga persistente de divisas y una parálisis institucional provocada por el bloqueo legislativo impulsado desde el ala evista y la oposición como Unidad Nacional (UN), creemos, Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), entre otros. Esta crisis, agudizada por la especulación, el contrabando y más de 9.000 bloqueos registrados del 2021 al 2025, ha deteriorado el poder adquisitivo de la población y generado un clima de alta incertidumbre económica. Frente a este panorama, el Gobierno ha respondido con un paquete de medidas que combina acciones inmediatas —como juicios abreviados contra saboteadores económicos, refuerzo militar en fronteras y normalización del suministro de combustibles— con reformas estructurales orientadas a estabilizar precios, garantizar el abastecimiento de alimentos e incentivar el retorno de capitales, en un intento por contener la inflación, restaurar la confianza financiera y proteger la soberanía económica del país.
La economía boliviana enfrenta una compleja y progresiva desaceleración provocada, no únicamente por factores estructurales o externos, sino por una creciente politización institucional iniciada en 2023 y profundizada a lo largo del último dos años. El más reciente dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró un incremento mensual del 3,65% en mayo de 2025, elevando la inflación acumulada del año a un preocupante 9,81%. Esta cifra no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de una serie de factores concatenados en un escenario de inestabilidad política deliberadamente alimentado.
La Asamblea como epicentro del conflicto
Uno de los núcleos de esta situación ha sido el sistemático entorpecimiento del funcionamiento legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bajo la presidencia del senador Andrónico Rodríguez, figura clave del ala radical del evismo apoyado y cobijado por la oposición como el Unidad Nacional (UN), creemos, Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), que han bloqueado de manera sistemática la aprobación de créditos internacionales, generando un cuello de botella económico. Según datos oficiales, los créditos frenados por la Asamblea alcanzan ya los 18.041 millones de dólares, montos que habrían sido destinados a inversiones estratégicas en salud, infraestructura y reactivación económica.
Esta obstrucción legislativa no solo afectó las finanzas públicas, sino que provocó una salida de divisas mayor a su ingreso, deteriorando aún más la balanza de pagos y generando un ambiente de incertidumbre que ha deteriorado la confianza tanto en los mercados como en el sistema financiero nacional.
Déficit de dólares y presión inflacionaria
A esta dinámica institucional adversa se suma una reducción drástica en el ingreso de divisas provenientes del sector privado. Según análisis del Banco Central de Bolivia (BCB), el déficit anual estimado por la falta de dólares que ingresan al sistema financiero formal se aproxima a los 3.000 millones de dólares. Esta escasez de liquidez en moneda extranjera, combinada con la especulación cambiaria y el agio, provocó una gran volatilidad en el tipo de cambio del mercado paralelo, que llegó a alcanzar su punto más alto en 20 bolivianos por dólar, para luego reducirse a aproximadamente 14 bolivianos por dólar.
Este fenómeno ha sido acompañado por un incremento del contrabando a la inversa —exportaciones ilegales de productos subsidiados— y distorsiones en el comercio formal, agravando aún más la presión inflacionaria.
La herencia de los bloqueos y la parálisis productiva
El año 2024 fue testigo de una escalada sin precedentes en los bloqueos sociales, muchos de ellos instigados con fines políticos, según informes del Ministerio de Gobierno. Durante ese año se contabilizaron más de 9.000 puntos de bloqueo en todo el país, con un impacto económico directo superior a los 4.500 millones de dólares.
El daño no solo fue económico. La interrupción del flujo de bienes esenciales disparó los precios de productos básicos, especialmente alimentos. El alza más significativa se observó en carne de res, carne de pollo, cebolla, bebidas gaseosas y servicios como el almuerzo en restaurantes populares.
¿Qué productos subieron y bajaron de precio?
El informe del INE de mayo 2025 muestra que, si bien la inflación fue generalizada, algunos productos registraron incrementos particularmente agudos. Los de mayor incidencia positiva fueron: Carne de res sin hueso, Carne de pollo, Cebolla, Bebidas gaseosas y Almuerzo en restaurantes
En contraste, algunos productos estacionales mostraron una baja en su precio, como: Tomate, Mandarina, Arveja verde, Papaya, Vainita y Naranja.
La inflación registrada no solo se distribuyó en función del consumo, sino también territorialmente. Las ciudades más afectadas por el alza de precios en mayo fueron Cobija (4,44%), Potosí (4,15%), Cochabamba (Región Metropolitana Kanata, 4,05%), La Paz (3,93%), y Santa Cruz (3,47%). Incluso las ciudades menos afectadas, como Tarija (1,86%), evidencian una tendencia preocupante.
Inflación y percepción pública: el deterioro del poder adquisitivo
La acumulación inflacionaria del 9,81% en solo cinco meses afecta directamente al poder adquisitivo de la población, en especial de los sectores más vulnerables. Con salarios estancados y una canasta básica en constante ascenso, el ciudadano promedio enfrenta crecientes dificultades para sostener su nivel de vida.
Este deterioro se agrava ante la incertidumbre generada por el clima político preelectoral, donde las pugnas politicas y las campañas anticipadas tiñen el ambiente económico de una elevada dosis de inestabilidad.
Un país atrapado entre la economía y la política
Bolivia se encuentra hoy en una encrucijada, donde el principal obstáculo para la recuperación económica no es solo el contexto internacional de crisis y guerras, que encarecen las redes logísticas y los insumos, sino también la política interna. Desde la Asamblea Legislativa y los partidos políticos como Unidad Nacional (UN), Creemos, Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el evismo, se ha utilizado el aparato legislativo como una herramienta de obstrucción. Esta situación, sumada a los efectos del conflicto interno en el partido de gobierno, ha generado una parálisis en la gobernabilidad que se refleja en indicadores económicos alarmantes.
De no revertirse esta tendencia en el segundo semestre del año, las consecuencias podrían ser aún más profundas: aumento del desempleo, presión sobre las reservas internacionales y una posible contracción del crecimiento económico que comprometería los logros sociales alcanzados en las últimas décadas.
Soluciones coyunturales
Ante la escalada de bloqueos, el contrabando desbordado y la especulación de alimentos básicos, el Gobierno boliviano ha optado por aplicar una política de intervención firme y ordenada. Como primera respuesta, se ha planteado actuar con mano dura contra quienes paralizan la economía mediante bloqueos ilegales, saboteando el derecho al trabajo y al abastecimiento. La implementación de juicios abreviados contra estos grupos ha sido propuesta como medida urgente para garantizar el orden. Paralelamente, se han reforzado los operativos militares en las fronteras con el objetivo de frenar la salida ilegal de productos como carne, harina y aceite, cuyos precios internos se han visto distorsionados por esta práctica delictiva. El mensaje es claro: el Estado no tolerará acciones que atenten contra la estabilidad del país.
Medidas estructurales para estabilizar el mercado interno
En complemento a estas acciones inmediatas, el Ejecutivo ha comenzado a aplicar con mayor fuerza el paquete de once medidas y siete decretos supremos recientemente aprobados. Estos incluyen decomisos sistemáticos de productos de contrabando, controles estrictos en mercados y el involucramiento activo de los gobiernos municipales en la fiscalización del peso y precio de los alimentos. La estrategia es doble: frenar el agio y la especulación por un lado, y proteger el poder adquisitivo de la población por el otro. La coordinación entre el nivel central y los municipios representa un esfuerzo por blindar el mercado interno y garantizar que la ciudadanía no sea víctima de prácticas abusivas.
Reactivación logística y agrícola para asegurar el abastecimiento
En el plano productivo y logístico, el Gobierno ha comenzado a normalizar al 100 % el suministro de combustibles en los principales departamentos del país, reduciendo así cuellos de botella que afectaban la distribución de alimentos. A la par, se ha lanzado un programa quinquenal de apoyo a la producción agrícola nacional, con énfasis en cultivos estratégicos como maíz y arroz, y una inversión superior a los Bs 350 millones. Con el objetivo de estabilizar la cadena avícola, también se ha suprimido temporalmente el arancel de importación para pollitos bebé e insumos, asegurando el abastecimiento de carne de pollo y reduciendo la presión inflacionaria. Estas decisiones reflejan una visión de Estado que no solo reacciona, sino que planifica.
Estabilidad financiera y política de contención inflacionaria
En el terreno financiero, el Gobierno ha aprobado medidas que buscan estabilizar la economía sin recurrir a endeudamientos innecesarios. Entre ellas, destacan los incentivos al ahorro en UFV para proteger los ingresos frente a la inflación y el aumento del tope de internación de divisas de USD 10 000 a USD 50 000, promoviendo el retorno de capitales al país. El objetivo inmediato es contener la inflación por debajo del 1 %, para luego proyectar políticas sociales y económicas sostenidas en los próximos seis meses. El Estado apunta a consolidar su soberanía económica con un enfoque integral que combina disciplina, inversión productiva y justicia inmediata frente a quienes buscan desestabilizar el orden nacional.
