La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo emitieron este domingo un pronunciamiento conjunto en el que exhortan a los sectores movilizados, autoridades y actores políticos a reencauzar el diálogo como mecanismo para superar la conflictividad social y evitar una mayor afectación a la población.

La convocatoria surge después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de La Paz Túpac Katari rechazaran participar en una mesa de diálogo y ratificaran la continuidad de los bloqueos y otras medidas de presión.

En el documento, ambas instituciones sostienen que el diálogo sincero, respetuoso y constructivo es la vía más efectiva para alcanzar soluciones duraderas a los conflictos que atraviesa el país. Asimismo, remarcan que la búsqueda de consensos requiere escuchar las demandas de todos los sectores y priorizar el bienestar colectivo por encima de las diferencias.

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo también llamaron a los actores involucrados a reconsiderar posiciones que dificulten o posterguen los espacios de concertación. Advirtieron que la falta de entendimiento agrava las consecuencias económicas y sociales de la crisis, afecta a miles de familias y retrasa la atención de necesidades urgentes de la ciudadanía.

En esa línea, señalaron que la construcción de acuerdos es fundamental para preservar la convivencia pacífica y fortalecer la institucionalidad democrática en un contexto marcado por la tensión social.

Finalmente, ambas instituciones reafirmaron su disposición de acompañar y facilitar escenarios de encuentro entre las partes, insistiendo en que la violencia y la confrontación no deben convertirse en mecanismos para resolver las diferencias. “Es momento de sustituir la ofensa por la propuesta, las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”, señala el pronunciamiento conjunto.

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana que sufrió un accidente el viernes pasado en El Alto transportaba 17,1 millones de piezas de billetes de los cortes de Bs 50, Bs 20 y Bs 10, equivalentes a Bs 423 millones, ratificó este martes el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de La Paz.

“Se ratifica totalmente que el transporte que se hizo el día viernes, en las denominaciones de 50, 20 y 10 bolivianos, correspondía a un total de 17,1 millones de piezas, equivalentes a 423 millones de bolivianos”, afirmó la autoridad.

Espinoza explicó que el Banco Central de Bolivia y la empresa Crane Currency Malta Limited suscribieron, el 27 de enero de 2025, un contrato para la provisión de billetes de la nueva familia, Serie B, con el objetivo de atender la demanda de efectivo de la población.

Detalló que la entrega de este material se realiza de manera programada en las bóvedas del ente emisor, conforme a un cronograma establecido en el contrato, el cual dispone la provisión total en el periodo de dos años, correspondiente a las gestiones 2025 y 2026.

El contrato contempla la provisión de 967 millones de piezas en los cortes de Bs 10, Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200, equivalentes a Bs 74.410 millones. De ese total, durante la gestión 2025 el Banco Central de Bolivia recibió 636,4 millones de piezas, que representan un monto de Bs 62.244 millones.

En ese contexto, el presidente del BCB aclaró que la actual administración debe continuar con la ejecución del contrato, debido a que parte del material ya fue entregado y existe un volumen pendiente de provisión por parte de la empresa proveedora.

“Se han escuchado algunas denuncias sobre por qué la actual administración continúa con este contrato; sin embargo, se trata de compromisos que deben cumplirse, ya que una parte del material fue recibida y otra aún se encuentra en proceso de entrega”, puntualizó.

Asimismo, precisó que la definición de la logística de transporte del material monetario es una atribución exclusiva de la empresa proveedora y no del Banco Central de Bolivia, y que fue Crane Currency Malta Limited la que decidió fraccionar los envíos en distintos embarques.

En ese marco, informó que el décimo embarque —el primero correspondiente a la gestión 2026— estaba programado para inicios de marzo e incluía 78,5 millones de piezas, equivalentes a Bs 2.284,7 millones.

De ese total, el avión siniestrado transportaba 17,1 millones de piezas, mientras que el lote restante, de 61,3 millones de piezas equivalentes a Bs 1.861,7 millones, fue entregado al Banco Central de Bolivia la noche del lunes 2 de marzo de 2026, tras ser trasladado desde el aeropuerto de Viru Viru International Airport hasta la ciudad de La Paz, “sin ningún contratiempo ni observación al banco”.

Con esta información, la autoridad aseguró que se disipan las dudas, malos entendidos y las interpretaciones tendenciosas que se generaron en torno al traslado del material monetario, y reiteró que el procedimiento se desarrolló conforme a los contratos y cronogramas vigentes.

Bolivia, junto a Chile, Ecuador, Argentina y Perú, acordó la creación de un plan de acción regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional mediante estrategias coordinadas, mecanismos conjuntos y medidas verificables que permitan fortalecer la seguridad en la región.

El compromiso fue asumido durante una reunión desarrollada en Santiago de Chile, donde participaron ministros de Relaciones Exteriores y autoridades encargadas de seguridad de los cinco países. En representación del Estado boliviano estuvo el canciller Fernando Aramayo, quien formó parte del encuentro regional orientado a consolidar acciones comunes frente al crecimiento del crimen organizado.

Durante la reunión, las delegaciones coincidieron en que la lucha contra las redes delictivas internacionales requiere una respuesta articulada entre los Estados, tomando en cuenta que delitos como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando, lavado de dinero y otros hechos vinculados al crimen transnacional superan las fronteras nacionales y demandan cooperación permanente.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los cinco países decidieron conformar un Grupo de Trabajo técnico-operativo integrado por entidades especializadas de cada nación participante. Esta instancia tendrá la misión de elaborar un “Plan de Acción Conjunto” enfocado en implementar medidas concretas con resultados medibles y verificables, respetando las legislaciones nacionales y los marcos institucionales de cada Estado.

El nuevo equipo regional trabajará en propuestas relacionadas con seguridad, inteligencia financiera y tributaria, control migratorio, vigilancia fronteriza, trazabilidad de operaciones ilícitas y otras áreas estratégicas que permitan fortalecer la coordinación regional frente a organizaciones criminales.

Asimismo, se determinó que el Grupo de Trabajo contará con liderazgo rotatorio anual entre los países miembros, siguiendo el orden alfabético. La instalación oficial y la primera reunión técnica deberán realizarse dentro de los próximos 90 días.

Otro de los puntos acordados establece que, en un plazo de 180 días, las cancillerías, ministerios de seguridad y entidades técnicas correspondientes volverán a reunirse para evaluar el avance de los compromisos asumidos y revisar la implementación de las acciones definidas.

Las autoridades participantes remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de integridad institucional y cooperación internacional como herramientas fundamentales para enfrentar estructuras criminales que operan en distintos territorios de Sudamérica.

La iniciativa regional surge en un contexto marcado por el incremento de delitos vinculados a organizaciones transnacionales, situación que ha generado preocupación en distintos gobiernos de la región debido al impacto que estos hechos provocan en la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y el control fronterizo.

Con este acuerdo, Bolivia y los demás países participantes buscan consolidar una estrategia conjunta orientada a mejorar la coordinación operativa y fortalecer la capacidad de respuesta regional frente al crimen organizado.

El presidente Rodrigo Paz participó este lunes en los actos protocolares por el 245° aniversario de la gesta libertaria de Oruro, donde rindió homenaje a la historia y al aporte del pueblo orureño en la construcción del país.

En ese marco conmemorativo, el Jefe de Estado anunció una inversión superior a 300 millones de bolivianos, con presupuesto cerrado y recursos plenamente garantizados, destinada a la ejecución de obras prioritarias en el departamento.

Según explicó, los fondos permitirán acelerar la entrega de proyectos ya finalizados, asegurar la continuidad de obras en ejecución y dar inicio a nuevas intervenciones en los próximos meses, con énfasis en resultados concretos para la población.

Asimismo, informó que durante la jornada se presentarán detalles sobre el sistema carretero de Oruro y remarcó que la aprobación de nuevos proyectos, principalmente en infraestructura vial y fortalecimiento del comercio regional, dependerá del respaldo de los parlamentarios.