Por: Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
El contexto político en Bolivia está profundamente marcado por la polarización y la manipulación. El término “pueblo” se refiere a la conformación en bloque de una multiplicidad de sectores sociales, que son antagónicos al sistema de dominación. Este concepto, puede convertirse en un comodín que se utiliza a conveniencia de quienes buscan desestabilizar el país mediante tácticas políticas poco transparentes. Estas tácticas incluyen la imposición de candidaturas inconstitucionales y la generación de caos a través de movilizaciones, lo que afecta a la mayoría de los ciudadanos, que ya enfrentan problemas económicos provocados por estas acciones. En contraste, el Estado utiliza la palabra “pueblo” como parte de su responsabilidad de generar bienestar. Ha implementado medidas concretas para mejorar la economía, tales como el incremento de las exportaciones y la agilización de la devolución de impuestos a los exportadores. Estas iniciativas buscan aliviar la escasez de divisas y beneficiar a las clases más vulnerables de la sociedad.
El escenario actual en Bolivia refleja una realidad marcada por la politización de la coyuntura, en gran parte fabricada por estrategias de manipulación y un accionar que podría describirse como “miseria política”. En este juego, algunos actores abandonan su propia marcha solo para reincorporarse después, cuando el pueblo así lo exige. Sin embargo, el ciudadano se pregunta: ¿en qué momento un grupo de afines comenzó a representar al pueblo, orquestando complots que parecen destinados a destrozar la economía de todos?
Por otro lado, hay una coyuntura positiva, construida a partir de hechos concretos. Ejemplos de ello son la reciente aprobación de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) y el notable incremento del 50,6 % en las exportaciones, un logro atribuido a la eficiencia de las instituciones encargadas del comercio exterior. Estos avances son indicativos de que, en lugar de hacer política a través de maniobras y artimañas, se deben dar respuestas claras a los problemas reales que afectan al país, como la escasez de dólares. Fortalecer las exportaciones no solo beneficia la economía nacional, sino que también ayuda a proteger el poder adquisitivo de los bolivianos.
Es evidente que la solución a los retos económicos pasa por adoptar medidas que favorezcan el comercio exterior sin afectar el consumo interno que es la prioridad del modelo económico, generen divisas y, en última instancia, mejoren la calidad de vida de la población.
Lo paradójico de la autodenominada “marcha para Salvar Bolivia” es que, lejos de contribuir al bienestar del país, está generando pérdidas económicas significativas y busca subvertir el orden constitucional. Esta movilización, promovida por un grupo que no representa a los 12 millones de bolivianos, recurre a la confrontación y la provocación.
En la contracara del boicot y el intento de golpe, el gobierno muestra un accionar constructivo, especialmente en favor de las clases más vulnerables, las más afectadas por marchas y bloqueos que impactan su economía diaria. Entre las medidas destacadas se encuentra el notable crecimiento del 50,6 % en las exportaciones bolivianas, gracias a la implementación de un esquema de atención 24/7 en los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga (Chile), y Cañada Oruro (Paraguay). Desde su apertura, en mayo y julio respectivamente, estas fronteras registraron incrementos del 38,4 %, 45,7 % y 63,1 %. Los productos exportados incluyen minerales, carne, madera y urea, lo que ha impulsado el comercio internacional del país. Además, se están negociando acuerdos con Brasil para aplicar este mismo esquema en sus fronteras.
A esto se suma la aprobación de un nuevo mecanismo para agilizar la devolución de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) a los exportadores, con el fin de aumentar el flujo de divisas hasta en 1.600 millones de dólares anuales y mejorar la liquidez del país, afectado por la escasez de dólares. Este sistema establece un plazo de 15 días para la devolución, condicionado al ingreso de divisas por parte de los exportadores, y abarca sectores clave como el agroindustrial, minero e industrial. La medida, aprobada mediante decreto, es parte de un acuerdo con el empresariado boliviano y busca fortalecer la economía.
La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué este autodenominado “estado mayor del pueblo” se empeña en boicotear las medidas en favor del bienestar del pueblo boliviano? En lugar de generar desestabilización en búsqueda desesperada y obsesiva de un candidato cuya habilitación constitucional para las elecciones de 2025, esta cuestionada, deberían enfocarse en proponer soluciones concretas para enfrentar el malestar económico que atraviesa el país y que ha sido causada por su propia responsabilidad en la mala gestión del desarrollo de nuevos campos de hidrocarburos.
Mientras estos grupos buscan la confrontación política, el Estado ha respondido con acciones orientadas a buscar mejorar la economía y beneficiar a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. En lugar de maniobras políticas que solo profundizan la crisis, el país necesita respuestas efectivas que ayuden a superar los desafíos actuales y fortalezcan la estabilidad económica.
