El Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con autoridades municipales y la Empresa Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), sobrevoló y evaluó las afectaciones del desborde del río Pilcomayo, en el municipio de Villa Montes del departamento de Tarija, donde se evidenció las graves afectaciones a diez comunidades.

“Durante el recorrido aéreo se verificó el impacto del desborde del río Pilcomayo, constatando que al menos diez comunidades sufrieron graves afectaciones”, informó esa cartera de Estado.

Según el reporte oficial, entre las zonas más perjudicadas está Cutaiqui, La Victoria y Esmeralda, donde numerosas viviendas quedaron bajo el agua, además de daños en infraestructuras y caminos que quedaron intransitables.

Ante esa situación, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes se declaró en Desastre el pasado lunes 17 de marzo, permitiendo la activación de mecanismos de asistencia gubernamental.

En ese marco, se desplegaron acciones de respuesta inmediata para atender a la población damnificada, además de la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Asimismo, se trabaja en coordinación con autoridades locales para establecer medidas que permitan la recuperación y restablecimiento de las condiciones de vida en las zonas perjudicadas.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, exhortó a los legisladores aprobar los créditos externos destinados a diferentes proyectos de inversión pública, entre ellos dos créditos por $us 325 millones para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.

“Estos créditos cuando llegan a Bolivia, llegan en divisas norteamericanas, es decir en dólares, ingresan al Banco Central y para ser utilizados en nuestro territorio nacional se convierten en la moneda boliviana, pero esos dólares que quedan en el Banco Central son dólares que nos pueden permitir utilizar en distintas actividades”, explicó en conferencia de prensa.

Las intensas y persistentes lluvias causan estragos en el territorio nacional, dejando a 136.885 familias afectadas, 49.171 familias damnificadas, 1.236 viviendas afectadas y 411 casas destruidas, sin contabilizar los recientes hechos en Cochabamba, La Paz y Palca.

“Estamos entrando en un periodo ya extremadamente crítico. Como estaba previsto, este mes iba a ser el más duro, en cuanto a las afectaciones por inundaciones”, señaló e insistió en la importancia y necesidad de la aprobación de los créditos.

Calvimontes aclaró que el dinero de los créditos está destinado específicamente a proyectos de desarrollo productivo, económico y social, mientras que la moneda extranjera será utilizada para otras transacciones en dólares.

"No es que los créditos se van a utilizar con otra finalidad, sino que se trata de hacer el cambio de moneda americana a moneda boliviana", precisó.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta hidrológica roja para 98 municipios, incluyendo Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Se prevé que las lluvias continúen en las próximas semanas.

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

La Séptima Disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha desatado un intenso debate y una creciente politización en Bolivia, evidenciando las tensiones entre la protección de los alimentos y la energía en el país y el oportunismo político de algunos sectores que buscan generar conflictos con fines partidarios. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para frenar el contrabando a la inversa y garantizar el abastecimiento interno de alimentos y combustibles, sectores opositores la denuncian como una acción confiscatoria que vulnera derechos fundamentales. La controversia ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), rompiendo así el diálogo y dejando sin voz a la población, que sufre las consecuencias del agio, la especulación, el contrabando y el acaparamiento. Muchos sectores esperaban la reglamentación de la medida para mejorar el control del comercio de bienes esenciales, pero la admisión de una acción de inconstitucionalidad ha suspendido su aplicación, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de esta regulación. En un contexto de creciente presión económica y social, la resolución de este conflicto marcará un precedente clave para la política comercial y de abastecimiento en Bolivia.

La Séptima Disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha generado un intenso debate en Bolivia. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta para combatir el contrabando a la inversa y garantizar el abastecimiento interno de alimentos y combustibles, sectores opositores la consideran una medida confiscatoria que atenta contra la libertad de comercio y la economía.

El contrabando a la inversa ha sido identificado como un factor clave en la escasez de productos básicos dentro del país. La exportación ilegal de alimentos y combustibles a países vecinos reduce la oferta en el mercado interno, elevando los precios y afectando a los ciudadanos. Frente a esto, el Gobierno ha impulsado esta normativa con el argumento de que es necesario reforzar los controles para evitar que los productos subsidiados por el Estado sean desviados fuera de las fronteras nacionales.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición, promovida por el diputado Miguel Roca, quien sostiene que la normativa tiene un carácter confiscatorio y restringe derechos fundamentales. Con esta admisión, la aplicación de la disposición queda en suspenso hasta que el TCP emita un fallo definitivo.

El conflicto revela una contradicción entre el rol del Estado como garante del bienestar económico y las limitaciones que puede imponer sobre la libre circulación de bienes. En este contexto, el Estado esperaba la participación de actores como los productores, comercializadores e intermediarios para la reglamentación necesaria. Sin embargo, ahora la situación se ha convertido en un tema político que genera controversia, ya que Roca ha logrado interrumpir este proceso de negociación y diálogo en defensa del ciudadano y la protección de los alimentos y carburantes en el país. Si bien es comprensible que el Gobierno busque evitar el desabastecimiento y estabilizar los precios internos, también es cierto que una regulación excesiva puede afectar el comercio y generar incertidumbre jurídica.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el control estatal y la libertad económica. La solución no debe ser simplemente endurecer sanciones, sino fortalecer mecanismos de control fronterizo sin afectar la actividad comercial legítima. De lo contrario, existe el riesgo de que estas restricciones generen mercados paralelos aún más difíciles de controlar.

El debate sobre la Séptima Disposición del PGE 2025 no es solo una discusión legal, sino también una cuestión de política económica y social. La decisión final del TCP será clave para definir los alcances del control estatal sobre el comercio de bienes esenciales y el impacto que esto tendrá en la economía boliviana en los próximos años.

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En las últimas décadas, El Alto se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo del país, impulsado por la inversión pública, el crecimiento empresarial y la fuerza emprendedora de su población. La expansión económica de la ciudad se ha reflejado en un aumento significativo del financiamiento productivo, la bancarización y la formalización de la economía, factores que han dinamizado diversos sectores estratégicos como la industria, la construcción y el comercio. Además, la inversión en educación superior y acceso a vivienda ha fortalecido el desarrollo social de la urbe. Sin embargo, la consolidación de su crecimiento exige nuevos retos, como la metropolización y el reordenamiento urbano, que permitan potenciar su estructura productiva y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El desarrollo en diversas regiones del país está marcado por un crecimiento evidente, y esto no se le puede negar al modelo económico vigente. Un claro ejemplo de cómo la inversión pública ha fomentado un crecimiento acelerado es El Alto, ciudad caracterizada por una gran migración y una fuerte tradición de lucha. Su crecimiento ha sido impulsado por emprendedores que, poco a poco, han convertido a esta urbe en uno de los principales polos de desarrollo del país.

La próxima meta de El Alto es su metropolización, pero para ello es necesario un reordenamiento urbano que aborde temas clave como su parque industrial. La consolidación de este espacio ayudaría significativamente al desarrollo económico, permitiendo concentrar a las industrias ya establecidas e incentivar la llegada de nuevas empresas. Otra propuesta estratégica es la reubicación del aeropuerto fuera de la ciudad, lo que permitiría reutilizar ese terreno para la creación de áreas verdes, edificios institucionales y un centro empresarial que impulse aún más el crecimiento de esta pujante ciudad.

Para comprender el impacto de la inversión pública, es necesario revisar su evolución en el tiempo. Entre 2006 y 2024, la inversión pública ejecutada en el municipio de El Alto alcanzó los $us 129 millones, un incremento significativo en comparación con el período neoliberal, cuando el promedio anual era de apenas $us 10 millones. Este aumento responde a políticas de fortalecimiento del desarrollo urbano y productivo dentro del marco del modelo económico, lo que ha permitido potenciar la fuerza emprendedora de la ciudad y generar un crecimiento exponencial.

La base empresarial del municipio de El Alto creció un 19,5% en los últimos cuatro años, pasando de 28.513 empresas al cierre de 2020 a 34.087 en 2024. En términos netos, esto representa la creación de 5.574 nuevas empresas, reflejando la expansión y dinamización del sector empresarial. Si analizamos su evolución desde 2005, cuando contaba con 1.696 empresas, el crecimiento en 19 años ha sido del 200%, impulsado por un entorno más favorable para los emprendedores.

Este dinamismo también se refleja en el acceso al crédito. Para 2024, el sistema financiero otorgó financiamiento productivo a 142.277 iniciativas en El Alto. Entre 2020 y 2024, el monto destinado a estos créditos creció de $us 735 millones a $us 1.071 millones, un incremento del 46%. Si comparamos con 2012, cuando el financiamiento alcanzaba apenas $us 141 millones, el crecimiento acumulado hasta 2024 es del 660%.

Ese capital ha sido clave para fortalecer sectores estratégicos como la industria manufacturera y la construcción, que concentraron el 88,2% del total de créditos ($us 639 millones y $us 305 millones, respectivamente). El resto se destinó a turismo ($us 65 millones, 6%), agricultura ($us 54 millones, 5,1%) y otros rubros. Estas inversiones han sido fundamentales para fortalecer el empleo, dinamizar la economía local y consolidar a El Alto como un motor de desarrollo para el país.

Este crecimiento económico va acompañado de un aumento significativo en los depósitos del público en el sistema financiero del municipio de El Alto. Entre 2020 y 2024, estos depósitos pasaron de $us 654 millones a $us 896 millones, lo que representa un crecimiento del 37% en cuatro años. En la última década, el incremento ha sido aún más notable: en 2013, el monto ascendía a $us 291 millones, lo que significa un aumento del 207,9% hasta 2024. Este crecimiento refleja una mayor bancarización y confianza en el sistema financiero.

En el ámbito social, el acceso a la vivienda también ha mostrado avances significativos. En 2024, el Crédito de Vivienda de Interés Social alcanzó los $us 162 millones, consolidando el financiamiento para la adquisición de viviendas, anticréticos, ampliaciones y otras mejoras habitacionales. Mientras que en 2014 solo 366 familias pudieron acceder a este tipo de crédito, en 2024 el número de beneficiarios ascendió a 4.800 familias, evidenciando una mayor inclusión financiera en este sector.

Otro aspecto clave ha sido la potenciación de la educación superior en la ciudad. Entre 2021 y 2024, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) recibió en promedio Bs 405 millones anuales en transferencias del nivel central, provenientes de la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, subsidios y subvenciones. Este monto es más del doble del promedio de Bs 184 millones registrados entre 2006 y 2019, y 25 veces superior a los Bs 16 millones anuales asignados en el período 2000-2005. Este incremento sostenido de recursos ha permitido a la UPEA expandir su infraestructura y mejorar su capacidad académica, fortaleciendo así la formación profesional en la ciudad.

En esta misma línea, la necesidad de formalización en la urbe se vuelve un factor clave para garantizar un crecimiento acompañado del cumplimiento impositivo. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2024, la recaudación tributaria en El Alto aumentó de Bs 257 millones a Bs 417 millones, reflejando un crecimiento del 62,2%. Comparado con 2006, cuando se implementó el Modelo Económico y la recaudación era de Bs 69 millones, el incremento acumulado hasta 2024 alcanza el 618,9%. Este crecimiento en la recaudación responde a una mayor actividad económica y a la formalización progresiva de la economía alteña.