El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó el Decreto Supremo 5713 que crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II), destinado a fortalecer los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad frente a la coyuntura económica.

El beneficio consiste en una transferencia de Bs 250 cada dos meses, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, alcanzando un máximo acumulado de Bs 750 por persona. El programa tendrá carácter temporal y extraordinario, consolidando la política de protección social impulsada por el Gobierno.

Los grupos beneficiarios definidos en la norma incluyen: mujeres gestantes inscritas en el Bono Juana Azurduy, madres menores de edad, personas con discapacidad visual, grave o muy grave registradas en el SIPRUNPCD, adultos mayores que reciben la Renta Dignidad sin pensión de largo plazo, padres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales y de convenio, así como niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, casas cunas y centros penitenciarios.

El Decreto Supremo establece que cada persona podrá acceder al PEPE II por un solo criterio de elegibilidad, evitando duplicidades. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consolidará el padrón de beneficiarios con información oficial de los ministerios de Salud y Educación, la Gestora y el Instituto Boliviano de la Ceguera.

Los pagos se realizarán mediante tres modalidades: abono en cuenta bancaria unipersonal, cobro en ventanillas de la entidad pública y corresponsales financieros, o depósito en billetera móvil. La norma garantiza que los recursos no podrán ser objeto de descuentos, retenciones ni comisiones, salvo mandato judicial expreso o recuperación de pagos indebidos.

Con el PEPE II, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a los sectores más vulnerables y garantizar equidad social, asegurando que la ayuda llegue de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan.

Este anuncio fortalece la visión de una Bolivia productiva, con políticas de equidad social y mecanismos de protección económica que priorizan a las familias en tiempos de desafíos.

La Asamblea Legislativa aprobó en grande y en detalle el acuerdo de financiamiento de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Cámara de Diputados aprobó el proyecto la noche del jueves y el Senado lo sancionó este viernes por más de dos tercios, por lo que la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Durante la sesión en el Legislativo, el ministro de Economía, Christian Morales, explicó que los recursos tienen como objetivos contribuir a la estabilización económica, fortalecer las reservas internacionales y respaldar el programa de reformas económicas acordado con el FMI.

Morales también señaló que los desembolsos estarán sujetos al cumplimiento de las metas establecidas dentro del programa y se realizarán de manera trimestral, según el desempeño de las finanzas públicas.

El Gobierno afirmó este domingo que se “quita la subvención” del diésel, pero garantizó que “no se quita la protección al pueblo boliviano”. Asimismo, aseguró que a través del diálogo se buscarán las soluciones necesarias para que todo el país pueda salir adelante.

“Quitamos la subvención por la cual nos robaban. Se quita la subvención pero no se quita la protección al pueblo boliviano”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en la ciudad de Santa Cruz, tras reuniones sostenidas con los transportistas.
El viernes, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció la eliminación definitiva de la subvención al diésel, estableciendo que su precio se nivelará con el del mercado internacional y fluctuará según las condiciones externas. Para amortiguar el impacto económico en la población y evitar una escalada inflacionaria severa, el mandatario presentó un paquete de medidas sociales y financieras de compensación.
Además, la medida busca frenar el contrabando, garantizar el abastecimiento permanente y frenar un gasto estatal insostenible de 55 millones de dólares semanales.

Diálogo

Gálvez indicó que a través del diálogo se buscarán las soluciones necesarias para que todo el país pueda salir adelante. “Quitamos la subvención por la cual nos robaban. Se quita la subvención pero no se quita la protección al pueblo boliviano”, manifestó de forma contundente el vocero presidencial.

El portavoz explicó que la medida responde a una realidad económica insostenible, argumentando que “no se puede comprar caro y vender barato y creer que esto es sostenible por siempre”.
Según Gálvez, las administraciones anteriores despilfarraron alrededor de 15.000 millones de dólares de las reservas internacionales para sostener un esquema que, bajo sus palabras, solo beneficiaba a redes ilícitas.
“Mal utilizaron todo el dinero que había para sostener algo que les convenía porque en esto robaban... Eso se ha cortado”, sentenció.

Problema global
La autoridad enfatizó que la escasez y el encarecimiento del diésel no es un problema exclusivo de Bolivia, sino una crisis global que afecta tanto a países vecinos como Brasil, Argentina, Uruguay y Perú; lo mismo sucede con las naciones europeas y asiáticas debido a la baja en la producción mundial del combustible.
Para contrarrestar el impacto del ajuste, el vocero destacó que el Decreto Supremo emitido viene acompañado de 10 medidas iniciales de alivio social destinadas a proteger a los sectores más vulnerables.
Estas regulaciones y mesas de trabajo se aplicarán de forma inmediata y diferenciada para el transporte urbano, el transporte internacional de carga, las flotas y los trufis.
A su vez, la autoridad reconoció el riesgo de que la medida genere especulación de precios en el mercado local. Por este motivo, hizo un llamado directo a alcaldes, gobernadores y autoridades regionales para coordinar controles estrictos que eviten un impacto inflacionario desproporcionado.

Rechazo a las movilizaciones y críticas a Evo

Ante los anuncios de protestas y bloqueos, particularmente desde el Trópico de Cochabamba, el vocero gubernamental descalificó las medidas de presión al calificarlas como acciones con “intencionalidad política” que buscan la ruptura del orden constitucional. “No castiguemos a la población... Creo que nadie quiere volver a validar un esquema político que castiga a la gente sin alimentos, combustible ni medicinas”, apuntó.
Finalmente, Gálvez arremetió de forma directa contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de cinismo por criticar los acercamientos financieros del Gobierno actual con organismos internacionales.
“Él nos ha metido en este problema. Hemos tenido que enfrentar esto porque él no hizo su trabajo... Estos señores traicionaron a la patria y por culpa de ellos estamos donde estamos, pero vamos a salir adelante”, concluyó el portavoz.

Durante la madrugada de este viernes, el Bioparque Municipal Andino de Oruro, dependiente de la Dirección de Salud Ambiental, realizó el traslado de dos cóndores andinos y dos flamencos hacia Cochabamba. La operación contó con la presencia de FELCDA y GADOR, instituciones que unieron esfuerzos para garantizar el bienestar de las especies y reforzar el compromiso con la conservación de la fauna silvestre.

El procedimiento se enmarca en el plan de cierre paulatino del Bioparque, anunciado por la Alcaldía de Oruro, debido a problemas de hacinamiento y estrés detectados en los animales. La licencia de funcionamiento vigente hasta 2029 no será renovada y, en coordinación con entidades nacionales, se prevé la reubicación progresiva de todos los ejemplares en espacios más adecuados.

Los cóndores y flamencos trasladados recibirán atención especializada en Cochabamba, donde se busca mejorar sus condiciones de vida y reducir los riesgos asociados al encierro. Este traslado marca el inicio de una serie de acciones destinadas a garantizar que cada especie encuentre un hábitat seguro y apropiado, priorizando su bienestar y, cuando sea posible, su retorno a entornos naturales.

La decisión responde a evaluaciones técnicas que revelaron deficiencias en infraestructura y sobrepoblación en el Bioparque. El nuevo plan contempla transformar el espacio en un área recreativa para familias y niños, mientras los animales son reubicados en centros de conservación y refugios especializados.

El traslado de los cóndores y flamencos simboliza un paso importante hacia una gestión más responsable de la fauna silvestre en Bolivia, reafirmando la necesidad de proteger especies emblemáticas y garantizar que reciban el cuidado que merecen.