El presidente del Estado Rodrigo Paz Pereira participó de los actos conmemorativos por los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba, que recuerda el grito libertario de 1810, y anunció una cartera inicial de aproximadamente Bs 14.000 millones de inversión para el departamento.

Asimismo, reafirmó el compromiso de avanzar hacia una nueva relación entre el Estado y las regiones mediante la propuesta del 50/50, con mayor capacidad de decisión y recursos para departamentos y municipios.

“La historia de Cochabamba también nos recuerda el poder que tienen nuestros departamentos, nuestros municipios, nuestras comunidades cuando cuentan con capacidad para decidir y resolver. Por eso defendemos una nueva relación con el Estado y las regiones impulsando la propuesta del 50/50”, afirmó el primer mandatario.
Reafirmó que durante su gestión se desmontará progresivamente el modelo centralista para fortalecer a las regiones. “Menos Estado tranca, más Estado que resuelve. Y esa transformación tiene que sentirse en obras, en oportunidades y en resultados”, remarcó.

En ese marco, informó que la planificación inicial contempla cerca de Bs 14.000 millones para Cochabamba, destinados a salud, educación, vivienda, integración vial, energía y conectividad. Entre las inversiones mencionó $us 16,5 millones para equipamiento médico e insumos, más de 10 obras educativas por cerca de Bs 50 millones, 33 tinglados, 3.343 soluciones habitacionales por aproximadamente Bs 400 millones y cerca de Bs 3.000 millones para carreteras, conservación vial y obras estratégicas.

Destacó además que Cochabamba tiene condiciones para convertirse en un eje energético, industrial, logístico y tecnológico, siempre que se generen reglas claras y condiciones para la inversión. En esa línea, anunció el relanzamiento del sistema de refinerías del país, con la incorporación de crudo para producir combustibles.
“Vamos a relanzar nuestro sistema de refinerías en Bolivia. La próxima semana estaré en Santa Cruz con crudo para que generen diésel, gasolina y jet fuel”, anunció, destacando también el papel estratégico de la refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba.

Respecto a la subvención de combustibles, planteó la necesidad de abordar el tema con responsabilidad y pensando en la sostenibilidad económica del país. “¿Subvención o futuro? Esa es la pregunta. Si queremos tratar la economía con la verdad y de frente, tenemos que encarar la subvención como un problema que nos está cortando el derecho a tener un mejor futuro”, afirmó.

Al mismo tiempo, el primer mandatario garantizó la continuidad de los principales programas de protección social y remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas no significará dejar de atender a quienes más lo necesitan. “Proteger a quien no puede esperar. Todo lo que significa el ámbito de bonos o renta, dignidad, bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy, el bono Pepe, todo está garantizado”, afirmó. Explicó que el objetivo es reducir el “despilfarro” y ordenar las finanzas del Estado, sin afectar las políticas destinadas a la población.

En este proceso de ordenamiento económico, pidió a diputados y senadores acelerar el debate parlamentario sobre la ley vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que su aprobación permitirá fortalecer las finanzas nacionales y abrir nuevas posibilidades de financiamiento para obras. “No solo significa cerca de 1900 millones de dólares que vendrán para librar nuestras finanzas, sino también significa la apertura a más de 5 a 7.000 millones de dólares para obras de Bolivia”, explicó.

Durante su mensaje por el aniversario de la gesta libertaria, convocó a Cochabamba a ser protagonista de una nueva etapa nacional basada en la unidad, el trabajo y la producción. “Hay una Bolivia que espera o una Bolivia que hace, una Bolivia que bloquea o una Bolivia que produce, una Bolivia que depende o una Bolivia que construye su propio futuro”, expresó.

Cerró su intervención con una convocatoria vinculada a la historia libertaria del departamento: “Hace más de 200 años, Cochabamba levantó la voz de libertad. Hoy puede levantar otra, la voz de una Bolivia que decidió producir su propio futuro”.

El presidente Rodrigo Paz Pereira gestiona ante FONPLATA–Banco de Desarrollo un financiamiento de más de $us 55 millones para dar continuidad y concluir las obras de la Sección III del tramo carretero San José de Chiquitos–San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.

Por su ubicación, el tramo facilitará el movimiento de personas, productos y mercancías, además de articular zonas productivas y fronterizas con corredores nacionales e internacionales. “Cerrar este circuito significa la historia de toda esta región, pero además con un futuro, hub aeroportuario en San Ignacio Velasco, donde tiene todas las condiciones más la carretera y las ofertas hoteleras productivas de la región para que realmente (...) esto se genere un polo de desarrollo extraordinario”, afirmó el primer mandatario.

La intervención comprende 46,5 kilómetros, con un plazo de ejecución de 19 meses, y permitirá completar un corredor estratégico de la Red Vial Fundamental que articula las provincias Chiquitos y Velasco y fortalece la integración de la Gran Chiquitanía, beneficiando a las comunidades de La Fortuna, Quituquiña, Portoncito, Nuevo Horizonte y San Antonio, además de fortalecer la vinculación con San José de Chiquitos, San Rafael, San Miguel y San Ignacio de Velasco.

“Esto es producir, hacer carreteras, poner los recursos donde se tienen que poner, conectar la Chiquitanía, cerrar ese circuito, que la gente llegue por buenas carreteras, que se produzca, que tengan biotecnología para producir en mayor cantidad, que tengan el derecho de poder crecer”, sostuvo el presidente.

El coordinador país por Bolivia de FONPLATA, Blas Rozada, destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno y aseguró: “Vamos a poner todo nuestro empeño, para avanzar con el financiamiento alineados a las decisiones que ustedes tomen”. Mientras que, el alcalde de San José de Chiquitos, Juan José Caballero, resaltó el impacto regional de la obra: “Esto no solamente es una carretera, esto es integración, esto es producción, esto significa turismo y significa futuro, significa hacer patria desde nuestro pequeño territorio”.

La conclusión del tramo permitirá completar uno de los eslabones pendientes de los corredores logísticos, reducir costos y tiempos de transporte y mejorar las condiciones para la competitividad y el comercio nacional e internacional. Asimismo, contribuirá a consolidar la integración regional y bioceánica de Bolivia, conectando departamentos, centros urbanos, zonas productivas, áreas fronterizas y corredores internacionales.

El jefe de Estado anunció además otros proyectos viales estratégicos para Santa Cruz, entre ellos la carretera Okinawa–Los Troncos, con un financiamiento cercano a $us 90 millones gestionado con la CAF, y la reparación del puente Banegas para garantizar la continuidad del comercio y la producción. A ello se suman la doble vía Santa Cruz–Warnes, lado oeste; las obras complementarias del tramo El Sillar–Arcapata, con cerca de $us 30 millones; y el Plan Nacional de Emergencia y Rehabilitación de Carreteras, que contempla alrededor de 140 obras en todo el país. Para Santa Cruz, se prevén aproximadamente Bs 250 millones para la reparación y rehabilitación de carreteras.

Esta agenda de infraestructura, explicó, debe estar acompañada por cambios normativos que permitan ampliar la inversión y la producción. En ese marco, pidió a la Asamblea Legislativa avanzar en las leyes de hidrocarburos, minería, medio ambiente e inversiones, además de las reformas constitucionales y el proyecto 50/50, que plantea una nueva relación entre el Estado central y las regiones, basada en una distribución más equilibrada de recursos, competencias y responsabilidades.

En materia energética, planteó recuperar la capacidad de las refinerías nacionales: “Con eso vamos a potenciar nuestras refinerías. Una vez que las refinerías (...) nos van a poder dar un 60 o 70% en nuestros combustibles. La de Santa Cruz produciendo al 100% diésel cubre toda la demanda de la necesidad alimentaria de Bolivia”, manifestó.

El Presidente también vinculó la inversión en infraestructura con el debate sobre la subvención a los combustibles y la necesidad de priorizar recursos para obras y servicios. “Si queremos futuro, tenemos que hablar con claridad de la subvención porque la subvención nos quita hospitales, carreteras, nos quita colegios, nos quita ítems de salud, nos quita ítems de educación”, afirmó.

En conjunto, señaló que la inversión prevista para Santa Cruz supera los Bs 2.200 millones en los próximos meses. Finalmente, sostuvo: “La patria tiene que producir y tiene que producir buenas cosas. Estas son las obras de la patria que produce”.

El Ministerio de Gobierno desplegó en el municipio de Viacha una brigada multidisciplinaria permanente para brindar atención integral a las familias afectadas por las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, hecho que conmocionó a la población y dejó víctimas que requieren apoyo inmediato.

El viceministro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Rodolfo Montero, explicó que esta acción responde a la disposición del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien instruyó priorizar la seguridad ciudadana en Viacha. La brigada está conformada por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y asesores jurídicos, quienes trabajarán de manera coordinada con la Alcaldía en instalaciones municipales, permaneciendo de forma continua en la ciudad.

La intervención busca atender heridos, familiares de fallecidos, sobrevivientes y también a quienes participaron en las labores de auxilio, garantizando asistencia médica, psicológica, social y legal. Montero destacó que la coordinación con la Alcaldía de Viacha comenzó semanas atrás y ahora se refuerza para asegurar continuidad y eficacia en la atención.

El viceministro subrayó que la presencia será permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, y exhortó a la población a acudir al Ministerio de Gobierno ante cualquier necesidad. “Este equipo multidisciplinario está a disposición del alcalde y de todos los habitantes de Viacha para velar por su bienestar”, afirmó.

El alcalde Jenrry Patzi agradeció el despliegue y resaltó la coordinación con el Ministerio de Gobierno para atender integralmente a las víctimas y sus familias. La cartera de Estado ratificó su compromiso de mantener presencia activa y trabajar de manera humanitaria y oportuna en beneficio de la población de Viacha.

_{Foto: ANH. (Referencial, sobre nuevos controles por la renovación y reinstalación del sistema B-Sisa)}

La Comisión Interventora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó a 30 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de esa institución, porque estarían presuntamente vinculadas a hechos de corrupción.

Estos casos se refieren, sobre todo, a situaciones de permisividad en el desvío de carburantes en favor de contrabandistas de gasolina y diésel. Las autoridades añadieron que, debido a esto, a partir de ahora los controles en el transporte y venta de combustibles serán “gota a gota”.

“Son casos de corrupción que no vamos a permitir; vamos a investigar a todos”, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.

Esta autoridad y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, brindaron un primer reporte de la intervención a la ANH. En el mismo revelaron que el sistema informático de la Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA) –creado como un mecanismo tecnológico de control de la producción, transporte y venta de combustibles– apenas funcionaba al 5 % de su capacidad y, además, fue vulnerado de varias formas.

El ministro Justiniano explicó que, tras la desintegración deliberada que sufrió el sistema de control, este ya fue restituido, por lo que la fiscalización de la venta de gasolina, diésel y otros derivados será “gota por gota”. Un criterio similar expresó el ministro Blanco, en el sentido de que habrá un control más riguroso de la comercialización y distribución: “La venta de combustible se va a controlar gota por gota”, enfatizó.

Con el B-SISA rehabilitado y en pleno funcionamiento, la información sobre el consumo, las importaciones, la producción nacional, el procesamiento en las refinerías y los responsables de cada operación será compartida y cotejada. El objetivo es acabar con los hechos de corrupción vinculados al desvío de combustibles.

Otro hecho que demuestra la acción dolosa de funcionarios y exfuncionarios de la ANH es que el sistema B-SISA no funcionaba a plenitud justamente en La Paz y Santa Cruz, los departamentos donde más se consumen y se desvían carburantes.

“Lo importante acá es ver cuánto es el consumo, cuánto es lo que se va a importar y quiénes lo van a importar”, justificó el ministro.

La Comisión Interventora también informó que otro de sus grandes logros fue evitar el desvío al contrabando de 22 millones de litros de combustibles. De haberse concretado dicha situación, el daño ocasionado a las familias bolivianas hubiera sido de 220 millones de bolivianos; asimismo, en caso de haber llegado esa cantidad de carburante al mercado negro, los contrabandistas se habrían embolsado 400 millones de bolivianos.