El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció este jueves una reestructuración interna en los brazos operativos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para optimizar la distribución de diésel en todo el país.
“Creo que hay que hacer otro tipo de cambios y hacerlo de abajo hacia arriba porque veo que arriba hemos cambiado ya bastante, (pero) sigue habiendo problemas abajo en la ejecución de las entregas”, expresó el presidente luego de entregar la avenida Panorámica Norte, en la ciudad de El Alto.
La empresa estatal encargada de la distribución y comercialización de diésel en Bolivia es YPFB. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se encarga de regular, controlar y supervisar toda la cadena de distribución.
“Sí, queda pendiente lo del diésel, pero también estamos en un trabajo arduo. Le diremos a las autoridades y YPFB por qué no funciona bien. No puede ser que estamos poniendo los recursos para que haya y gasolina, como bien tú dices, ya está resuelto, pero para el diésel es necesario generar una serie de cambios”, remarcó el presidente.
Según la estructura de la estatal petrolera la entidad responsable de administrar, almacenar y despachar el diésel hacia las estaciones de servicio es la Gerencia de Comercialización de YPFB. Esta área opera de forma directa con los Distritos Comerciales y los brazos operativos de la corporación como YPFB Logística para asegurar el abastecimiento a nivel nacional.
“Por favor, pedirle calma a la población. El tema ya de la regularización del diésel, ya se ha regularizado el tema de la gasolina, ahora del diésel”, finalizó el primer mandatario.
En el acto central por los 200 años de creación de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, rindió homenaje a los hombres y mujeres que integran la institución verde olivo y reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con una profunda transformación para consolidar una Policía moderna, meritocrática, transparente y plenamente al servicio del pueblo boliviano, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante su intervención, el primer mandatario anunció una agenda de modernización institucional basada en el fortalecimiento de la meritocracia, la formación especializada, la incorporación de nuevas tecnologías, inversiones en infraestructura y la implementación de cinco reformas legales para fortalecer la institucionalidad policial.
Las reformas comprenden una nueva Ley Orgánica de la Policía Boliviana, un nuevo régimen disciplinario, el Estatuto de la Carrera Profesional, la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley del Sistema de Revisión Técnica Vehicular, además de la revisión del modelo de financiamiento del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
Entre las principales acciones, anunció la construcción del nuevo Comando General de la Policía, con una inversión cercana a Bs 80 millones; el desarrollo del complejo policial de El Alto; programas de vivienda social para el personal policial; la dotación de nuevo equipamiento y el fortalecimiento de la cooperación internacional para ampliar las capacidades operativas de la institución.
Asimismo, destacó un acuerdo de cooperación internacional por 20 millones de dólares destinado al fortalecimiento de la Policía Boliviana, además de la reciente entrega de equipamiento especializado para reforzar las labores de seguridad ciudadana.
Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol, resaltó que la institución nació junto con la República para cumplir la misión de proteger al pueblo boliviano y afirmó que, durante dos siglos, "no hubo una sola noche en la que un uniforme no estuviera despierto cuidando a alguien que dormía".
El Jefe de Estado también expresó el reconocimiento del Gobierno al trabajo desarrollado por la institución durante los recientes conflictos que atravesó el país y destacó el profesionalismo demostrado para preservar el orden constitucional y la tranquilidad de la población. "Cuando algunos apostaban por la confrontación y la violencia, la Policía respondió con serenidad, disciplina y profesionalismo. Defendió la democracia, protegió los derechos de los ciudadanos y cumplió su deber con firmeza y respeto por la vida", afirmó.
Enfatizó que la Policía Boliviana no pertenece a intereses políticos ni responde a caudillos, sino exclusivamente a la Constitución, la ley y al pueblo boliviano. En ese marco convocó a consolidar una policía cada vez más cercana a la ciudadanía, transparente y profesional. "Cuando la Policía es fuerte dentro de la ley, la democracia es más fuerte; cuando la Policía es fuerte dentro de la ley, la libertad está mejor protegida y Bolivia puede mirar al futuro con mayor confianza", concluyó.
TRAS CONTROLAR LOS INCENDIOS EN TARIJA, PAZ ANUNCIA MAYOR VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN SOBRE SU ORIGEN
El presidente Rodrigo Paz destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Tarija, los municipios, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, bomberos voluntarios, empresas estatales y la población para controlar los incendios forestales que afectaron al departamento. Durante una evaluación de la emergencia, informó que los principales focos de incendio se encuentran controlados y anunció que el helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket permanecerá en la región hasta concluir las tareas de enfriamiento en las zonas afectadas.
El mandatario recordó que en años anteriores incendios de similares características llegaban a prolongarse entre 20 y 30 días sin una respuesta coordinada, mientras que ahora la articulación entre los tres niveles del Estado permitió una reacción más rápida y efectiva frente a una emergencia de gran magnitud.
Paz también llamó la atención sobre un patrón que, según afirmó, se repite cada año en Tarija.
"Es notorio que los incendios siempre se dan en las mismas zonas. Año tras año se repiten en los mismos lugares, especialmente en sectores poblados o camino a ser urbanizados. Eso tiene que ser motivo de estudio y de mayor control."
En ese sentido, anunció que el Gobierno fortalecerá la vigilancia y las acciones preventivas en las regiones donde históricamente se registran incendios, con el objetivo de evitar nuevas emergencias y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Durante el operativo llegaron a movilizarse entre 300 y 400 personas, entre efectivos militares, policías, bomberos voluntarios, personal de instituciones públicas y autoridades departamentales y municipales. Además del apoyo aéreo, el Presidente destacó la utilización por primera vez en Tarija del sistema tecnológico Erizo, un equipo mecanizado desarrollado en el país que permite combatir el fuego con mayor seguridad para el personal operativo.
Asimismo, informó que el Gobierno desplazó combustible, alimentos, medicamentos, equipos y logística para atender la emergencia, mientras que la empresa estatal ENTEL habilitó más de 150 líneas de comunicación gratuitas para garantizar la coordinación entre los equipos de primera respuesta.
Respecto al origen de los incendios, Paz señaló que la aparición simultánea de cinco o seis focos activos hace presumir una posible intencionalidad detrás de la emergencia, por lo que pidió al Ministerio Público y a la Justicia investigar los hechos y sancionar a los responsables.
"Espero que la justicia haga su trabajo. Quienes provocan incendios ponen en riesgo la vida de bomberos, policías, militares, voluntarios y de toda la población."
El Presidente también advirtió que Bolivia enfrenta el fenómeno climático del "Super Niño", por lo que anticipó que el Gobierno continuará destinando recursos para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta en todo el país, especialmente en regiones vulnerables a incendios forestales como Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y la Amazonía boliviana.
Finalmente, Paz resaltó que la principal enseñanza de la emergencia fue la unidad institucional y ciudadana para proteger la vida, el medio ambiente y el patrimonio natural del departamento, destacando que, más allá de las diferencias políticas, todas las instituciones trabajaron con un mismo objetivo para controlar el desastre.
El presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, oficializó este miércoles un presupuesto de 1.400 millones de bolivianos destinados exclusivamente a la infraestructura vial de Los Yungas paceños.
Y es que, en la tarde de esta jornada, el primer mandatario estuvo en Chulumani, distante a unos 75 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde entregó 772 títulos agrarios a comunarios de esta región del país.
“Bueno, pues, Los Yungas, la primera noticia es que hemos conseguido recursos confirmados de cerca de 1.400 millones de bolivianos en carreteras”, dijo Paz Pereira en su discurso ante la mirada atenta de la gente asistente al acto.
En la oportunidad, explicó que se dividió el eje troncal como el tramo de Santa Bárbara, debido a que se encuentra en muy mal estado; luego se trabajará en los ramales hacia las diferentes zonas de Los Yungas, específicamente para el tramo de Unduavi, que se tiene asegurados más de Bs 300 millones para la carretera.
“Nosotros hemos logrado los recursos, no solo para hacer varios mantenimientos de carreteras necesarios, sino también establecer una nueva infraestructura de redes troncales y, entre ellas, está todo lo que significa la ruta Unduavi-Chulumani”, dijo la primera autoridad.
El presidente pidió paciencia a los dirigente y organizaciones sociales debido a los tiempos burocráticos de los recursos ya firmados. Asimismo, solicitó su apoyo para presionar a diputados y senadores a aprobar los créditos, asegurando que la llegada de las obras no dependerá del color político.
“Si todos trabajamos conjuntamente, la obra la inauguramos entre todos, y todos están invitados, y todos serán parte de la inauguración porque es un esfuerzo de Los Yungas, es un esfuerzo de Bolivia para que no haya celo político”, puntualizó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, confirmó este martes que 20 ciudadanos bolivianos continúan bajo contratos activos en la guerra de Rusia y Ucrania, mientras que un primer contingente reporta un repatriado, un fallecido, cuatro heridos y 19 soldados desaparecidos.
El caso comenzó formalmente con una primera denuncia penal en mayo de 2026. El hecho cobró gran relevancia pública a mediados de julio de este año, tras la difusión de videos y reclamos de familiares que reportaron el envío de ciudadanos bolivianos al frente de batalla mediante engaños y falsas promesas de empleo.
“Nosotros tenemos registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. 20 mantienen contratos activos, 19 soldados reportados están pendientes de confirmación sobre su ubicación actual. Tenemos cuatro heridos confirmados en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar. Hay un ciudadano con vida y estable, hay un fallecido y un ciudadano repatriado exitosamente a Bolivia”, dijo en una rueda de prensa la autoridad.
Se precisó que, durante la presente gestión gubernamental, la Cancillería tomó conocimiento de los hechos en noviembre de 2025. En este contexto, la consejería activó acciones inmediatas, utilizando los canales consulares y diplomáticos para resolver cada uno de los casos.
“Por ejemplo, entre el 6 y 9 de junio de 2026, la misión consular a Donetsk ha sido enviada para verificar personalmente la situación de uno de nuestros connacionales y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas y hemos acompañado todo el proceso de atención médica que demandaba este boliviano”, agregó el canciller.
Asimismo, explicó que el 17 de julio de 2026, se celebró una reunión extraordinaria de alto nivel con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verkhorubov. En este encuentro, se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de comunicación para dar seguimiento prioritario a los casos correspondientes.
En esa ocasión, la autoridad dijo que se remitieron notas verbales para solicitar datos de localización con el fin de brindar asistencia técnica y gestionar la repatriación de los ciudadanos bolivianos reportados en abril de 2025. A diferencia de la gestión anterior de la Cancillería, que omitió tomar acciones oportunas, la actual administración retomó y reactivó este proceso a partir de noviembre de 2025.
“Está ahora en manos de las instancias judiciales porque corresponde que las familias presenten acción que permita a la Fiscalía investigar los posibles hechos delictivos vinculados a este tipo de acción que puede ser clasificada de reclutamiento o intermediación, pero esta materia corresponde a otro órgano de poder y vamos a ser respetuosos de su competencia porque están en fase investigativa y no podemos entorpecer ningún tipo de investigación en conjunto”, agregó Aramayo.
Al momento, el proceso está liderado por la Fiscalía General del Estado, bajo la tipificación del presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos (Artículo 281 bis del Código Penal). Actualmente, se encuentra en la fase o etapa preparatoria/preliminar de investigación criminal con cuatro causas abiertas en distintas fiscalías departamentales.





