Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política
En un escenario marcado por la creciente polarización política, donde los sectores de la ultraderecha hacen eco de un discurso que clama por medidas de ajuste económico y una rendición ante el FMI, surge una vez más la amenaza de privatización de las empresas públicas, tal como ocurrió en los años 90. En ese entonces, se nos decía que el gasto público y el déficit fiscal eran los males que aquejaban al país, y hoy, voces como las de Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga repiten el mismo argumento: achicar el Estado, privatizar las empresas públicas y entregar el control al capital privado y transnacional. Sin embargo, cuanto recordamos los nefastos efectos de la privatización neoliberal debemos evitar caer nuevamente en esta privatización porque en el pasado, solo favorecerieron a unos pocos círculos de poder, mientras que la economía nacional y las clases populares nos vimos gravemente afectadas. Es crucial repasar el aporte real de las empresas estatales en la actualidad para entender el impacto de estas propuestas y cuestionar la viabilidad de repetir errores históricos.
En un contexto altamente politizado, donde los candidatos de la ultraderecha han mediatizado desde 2024 el relato sobre la necesidad de aplicar medidas de ajuste y suplicar de rodillas al Fondo Monetario Internacional (FMI) por préstamos, a cambio de lo cual se entregarían todas las empresas públicas a privados y transnacionales, resulta inevitable recordar el discurso de 1992; en aquel entonces, al igual que ahora, se afirmaba que el principal problema del país era el gasto público, el déficit fiscal y la mala administración del Estado.
Tal como lo sostiene Marinkovic: “hay que cerrar las empresas públicas”, o Doria Medina, quien afirma que “el modelo de empresas públicas fracasó, los emprendedores deben liderar el futuro económico de Bolivia”. Más radical aún, con un discurso casi enfermizo de odio, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ha anunciado que recurrirá al FMI para garantizar el retorno de los dólares y que cerrará las empresas públicas.
Ahora bien, ¿será cierto que estas medidas beneficiarían al país o, como en 1992, solo favorecerán a las transnacionales y a privados vinculados al poder? Basta recordar que figuras como Doria Medina se beneficiaron con la adquisición de empresas públicas a precios irrisorios.
Para evaluar la relevancia de las empresas estatales, es clave analizar su aporte a la economía. Solo en 2024, generaron 45.560 millones de bolivianos, representando el 85% de la producción estatal y obteniendo utilidades por 1.697 millones de bolivianos. Estos recursos han sido fundamentales para sostener la economía boliviana, en conjunto con la Ley 1503 (Ley del Oro) y diversas medidas fiscales y monetarias.
Entre 1992 y 2005, durante el proceso de capitalización, las empresas públicas aportaban apenas un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino que hoy estas empresas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, reafirmando su papel clave en el crecimiento económico del país. Además, se lograron recuperar 20.000 millones de dólares en fondos o costos hundidos, resultado de la inversión estatal en infraestructura y tecnología en las empresas capitalizadas.
Durante el proceso de capitalización del 1992 hasta el 2005, las empresas públicas solo aportaban un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino también un fondo de 20.000 millones de dólares en costos hundidos, un gasto ya realizado en la implementación de infraestructura y tecnología de las empresas publicas que por la capitalización solo beneficiaba exclusivamente a las transnacionales gracias a la infraestructura implementada por el Estado. Hoy, las empresas públicas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, demostrando su papel fundamental en el crecimiento económico del país.
Ahora vuelven los cantos de sirena neoliberales para impulsar una nueva capitalización de empresas públicas en Bolivia, como ocurrió en 1990 bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue presentada como una estrategia para modernizar sectores clave mediante la inversión extranjera. Sin embargo, la realidad demostró que esta medida solo benefició a las transnacionales, que se apropiaron de los recursos y enviaron las utilidades al exterior dejando algunas migajas para tertaferros locales como. Las promesas de eficiencia, generación de empleo y mejora de los servicios resultaron ser falsas, ya que se incrementaron las tarifas, se precarizó el trabajo y las empresas capitalizadas no lograron un desarrollo significativo. Además, el Fondo de Capitalización Colectiva, presentado como un beneficio para los bolivianos, terminó siendo una burla, con montos irrisorios y sin impacto real en la economía de la población.
La pregunta es: ¿esto es lo que queremos como bolivianos para las empresas públicas y para el proceso de industrialización y reinversión en materias primas estratégicas, como los hidrocarburos, que han sido el principal generador de excedentes para Bolivia?
Estos mercenarios de la política tratan de ocultar datos clave, como la generación de 4.800 millones de dólares en 2024 por parte de las empresas públicas lo que sumado a la Ley 1503 y las medidas monetarias y fiscales, han sido la base del funcionamiento de la economía bolivianas.
Un ejemplo de ello, basado en indicadores reales: al 31 de diciembre de 2024, el uso de los dólares de las reservas internacionales permitió cumplir con todas las obligaciones externas del país, logrando el pago puntual del 100% del servicio de la deuda externa pública, que ascendió a $us 1.526 millones.
Además, para proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, y a pesar de los elevados precios del petróleo, se destinaron $us 2.600 millones en subsidios a combustibles y alimentos. Paralelamente, se garantizó la dotación de divisas al sistema financiero, así como a personas naturales y jurídicas, mediante diversos mecanismos, con un total de $us 723 millones.
Asimismo, se contribuyó a la estabilidad y al crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que alcanzaron un saldo de $us 1.976 millones, una cifra superior en $us 267 millones respecto al cierre de 2023.
El coro neoliberal y vendepatria maliciosamente omite mencionar que las empresas públicas generan recursos esenciales para la salud, la educación y la inversión en infraestructura. No es un dato menor que Bolivia sea el país de la región con la mayor inversión en infraestructura, a pesar del bloqueo económico promovido por la oposición dentro de la Asamblea Plurinacional, con el objetivo de impedir la entrada de inversión extranjera directa de organismos internacionales, que suma 1.600 millones de dólares.
A estos mercenarios les preguntamos: ustedes, que tanto hablan de los dólares, ¿tienen sus dólares en nuestros bancos o los esconden en paraísos fiscales mientras siguen generando créditos en el sistema financiero boliviano? Personajes como Doria Medina y Marinkovic se han beneficiado de leyes fundamentales y medidas financieras promovidas por el Estado, como el crédito productivo, la eliminación de aranceles a la importación de bienes de capital y de algunos insumos para la construcción y el sector agropecuario. Aún se benefician de estas leyes, que provienen de los impuestos de los bolivianos y del dinero generado por las empresas públicas. Sin embargo, ahora buscan vender el país al Fondo Monetario Internacional (FMI), y por ende, imponer un modelo extranjero que pisotee al pueblo, ahogando a las clases vulnerables con la vieja excusa de que se necesitaban ajustes para enriquecer a las logias, cargar a las poblaciones vulnerables con la deuda pública y quitar el poder de demanda del pueblo. Luego, dirán que el ajuste funcionó, a costa de desempleo, hambre y pobreza.
Las empresas públicas son vitales para la sostenibilidad de la economía boliviana. Con el proceso de industrialización en marcha y la expansión de la economía, se generarán más recursos para la redistribución de la riqueza. Se continuarán otorgando bonos que benefician a más de cuatro millones de habitantes, garantizando el Sistema Único de Salud que ha permitido a los trabajadores informales y emprendedores acceder a atención de médica gratuita. También se seguirán ofreciendo créditos con bajas tasas de interés, promovidos por fondos estatales creados a partir de las ganancias del sistema financiero.
Esta es la Bolivia que construimos día a día con nuestras empresas públicas. No permitamos que nos las arrebaten en beneficio de unos cuantos con el falso argumento de que el país está en crisis. La verdad es que Bolivia está iniciando una nueva era con un paso fundamental: el cambio de matriz productiva. No caigamos en el juego de los mercenarios disfrazados de analistas, cuyo único interés es sembrar miedo con especulaciones y mentiras.
