Bolivia apuesta por la reinserción y respeto de los derechos humanos en la administración de las cárceles del país, aseveró este miércoles el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y descartó la propuesta del político y empresario Samuel Doria Medina de aplicar el modelo de El Salvador.

“Bolivia apuesta por la reinserción. A diferencia de otros países donde se prioriza el castigo extremo y el encierro masivo, aquí trabajamos en la rehabilitación y reintegración de las personas privadas de libertad”, señaló Limpias.

En las últimas horas, luego de su visita a El Salvador, Doria Medina aseveró que “trae ideas para bajar el crimen y mejorar las cárceles en Bolivia”.

Limpias reprochó las declaraciones del empresario y las calificó como irresponsables por “ignorar la realidad” del país y comparar el sistema penitenciario con el que tiene El Salvador.

“Queremos dejar claro que en Bolivia no se gobierna con odio ni represión, sino con reinserción y respeto a los derechos humanos. (…). En nuestros centros penitenciarios, las personas privadas de libertad acceden a educación, trabajo, salud y formación para reconstruir sus vidas. Creemos en segundas oportunidades, no en el exterminio social”, afirmó.

Desde el Gobierno nacional se promueve la política de las cárceles productivas, con la elaboración de artesanías, productos, servicios, la música y otras actividades “que dignifican y preparan para la vida en libertad”.

“Humanizamos la justicia. No creemos en la violencia como solución. Apostamos por un sistema que rehabilite con el apoyo de familias, instituciones y la sociedad. Comparar Bolivia con El Salvador es un discurso vacío y peligroso. Nuestro Gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, construye justicia con dignidad, no con terror”, aseveró.

Fuente ABI

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, en coordinación con el Ministerio de Educación, activa operativos de control para prevenir la imposición de uniformes, compras direccionadas a comercios determinados y el alza de precios indiscriminado del material escolar.

“Realizamos verificativos en La Paz y Cochabamba, estamos haciendo los verificativos en el resto del país, atendiendo las quejas y reclamos de padres de familia que dicen que en algunas unidades educativas están cobrando por demás, direccionan a una librería para que compren un texto o un bolígrafo, o la compra del uniforme”, reveló el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

La autoridad señaló que estos controles responden a los abusos en contra de miles de usuarios, padres familia, por parte de algunas unidades educativas que incumplen la Resolución 001/2025 del Ministerio de Educación que prohíbe el incremento de las pensiones y los cobros irregulares.

La Resolución Ministerial 001/2025 establece que no existirá incremento en las pensiones de las unidades educativas privadas.

Además, prohíbe cualquier cobro adicional a las 10 pensiones anuales, como reservas de plaza, matrícula, derecho de inscripción, material educativo y gastos administrativos, entre otros.

Asimismo, prohíbe la exigencia de compra de uniforme y materiales escolares de un lugar determinado o exclusivo.

El viceministro informó que su despacho también recibió denuncias de cobros irregulares en unidades educativas fiscales.

“Están cobrando aportes a los padres familia para cambiar el vidrio, para arreglar el pupitre, para pintar el curso están pidiendo aportes, pero esto es prohibido, las juntas escolares no están autorizados a realizar ningún tipo de cobros”, remarcó.

Lamentó que algunas juntas escolares inclusive cobren multas de reuniones de la gestión pasada como requisito para inscribir a los estudiantes este año. “Son actividades irregulares, ilícitas”, enfatizó.

Asimismo, señaló que continúan los operativos de control en los comercios de materiales escolares en las ciudades capital para verificar que cumplan con la calidad y normas de seguridad correspondientes.

Adelantó que se publicará una lista de precios de material escolar referencial, elaborada en coordinación con los comerciantes del rubro.

“Vamos a publicar en nuestra página web (del Viceministerio) para que el papá tenga una referencia de lo que debe pagar por un cuaderno, por hojas de papel bond, colores, marcadores, entre otros”, dijo la autoridad.

Silva explicó que debido a que el material escolar que se oferta en Bolivia es importado, se registra un incremento entre el 15% y el 25% desde agosto de 2024, y a la fecha se mantiene.

“Estamos haciendo los controles respectivos con el fin de evitar de que ahora algunos comerciantes se aprovechen y quieran cobrar un poco más de su costo, afectando la economía de los papás”, reiteró.

En Oruro, la Gestora Pública inauguró el lunes una nueva y moderna agencia de atención a 71.000 beneficiarios de la Renta Dignidad, 126.000 asegurados y población que requiera de un servicio de esta entidad.

“Con esta nueva agencia se beneficiará a 71.000 personas de la Renta Dignidad y más de 126.000 asegurados que actualmente se tiene en el departamento de Oruro. Vamos a atender todo lo que es Renta Dignidad, prestaciones, operaciones, cobranzas; es decir, en esta agencia podrán realizar todos los trámites relacionados a la Gestora”, explicó el gerente general de la empresa estatal, Jaime Durán.

Las nuevas instalaciones donde la Gestora prestará sus servicios a la población orureña están edificadas sobre una dimensión de 281 metros cuadrados, cuenta con tres niveles que son: planta baja, mezanine y primer piso.

Están ubicados en la avenida Potosí, N° 5243, entre calles José Ignacio León y 1ro de Noviembre.

La cantidad de personal que atenderá las necesidades y requerimientos de los beneficiarios, jubilados, derechohabientes, profesionales, trabajadores y población en general será de 17, entre coordinadores de prestaciones, de operaciones, gestores de prestaciones y operaciones, Renta Dignidad, gestor de cobranzas, Back office y un Jefe de Agencia.

En la oficina central el estimado de atención al público oscila entre 500 a 600 personas por día, por lo que la nueva agencia descongestionará los servicios y se estima que se recibirá un público de al menos 350 personas día.

“Esta nueva agencia en Oruro es un ejemplo claro del compromiso que tiene la Gestora, que pone en el centro de atención a las personas a los trabajadores a los jubilados y a sus familias”, destacó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.

El crecimiento de la población en el departamento de Oruro en los últimos años demanda una mejor y mayor atención del público, principalmente de los trabajadores, asegurados, jubilados, beneficiarios, derechohabientes, lo que representa la necesidad de ejecutar un descongestionamiento de la oficina principal en el centro de la ciudad.

Fuente: ABI

Por: Martin Moreira

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En un escenario marcado por la creciente polarización política, donde los sectores de la ultraderecha hacen eco de un discurso que clama por medidas de ajuste económico y una rendición ante el FMI, surge una vez más la amenaza de privatización de las empresas públicas, tal como ocurrió en los años 90. En ese entonces, se nos decía que el gasto público y el déficit fiscal eran los males que aquejaban al país, y hoy, voces como las de Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga repiten el mismo argumento: achicar el Estado, privatizar las empresas públicas y entregar el control al capital privado y transnacional. Sin embargo, cuanto recordamos los nefastos efectos de la privatización neoliberal debemos evitar caer nuevamente en esta privatización porque en el pasado, solo favorecerieron a unos pocos círculos de poder, mientras que la economía nacional y las clases populares nos vimos gravemente afectadas. Es crucial repasar el aporte real de las empresas estatales en la actualidad para entender el impacto de estas propuestas y cuestionar la viabilidad de repetir errores históricos.

En un contexto altamente politizado, donde los candidatos de la ultraderecha han mediatizado desde 2024 el relato sobre la necesidad de aplicar medidas de ajuste y suplicar de rodillas al Fondo Monetario Internacional (FMI) por préstamos, a cambio de lo cual se entregarían todas las empresas públicas a privados y transnacionales, resulta inevitable recordar el discurso de 1992; en aquel entonces, al igual que ahora, se afirmaba que el principal problema del país era el gasto público, el déficit fiscal y la mala administración del Estado.

Tal como lo sostiene Marinkovic: “hay que cerrar las empresas públicas”, o Doria Medina, quien afirma que “el modelo de empresas públicas fracasó, los emprendedores deben liderar el futuro económico de Bolivia”. Más radical aún, con un discurso casi enfermizo de odio, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ha anunciado que recurrirá al FMI para garantizar el retorno de los dólares y que cerrará las empresas públicas.

Ahora bien, ¿será cierto que estas medidas beneficiarían al país o, como en 1992, solo favorecerán a las transnacionales y a privados vinculados al poder? Basta recordar que figuras como Doria Medina se beneficiaron con la adquisición de empresas públicas a precios irrisorios.

Para evaluar la relevancia de las empresas estatales, es clave analizar su aporte a la economía. Solo en 2024, generaron 45.560 millones de bolivianos, representando el 85% de la producción estatal y obteniendo utilidades por 1.697 millones de bolivianos. Estos recursos han sido fundamentales para sostener la economía boliviana, en conjunto con la Ley 1503 (Ley del Oro) y diversas medidas fiscales y monetarias.

Entre 1992 y 2005, durante el proceso de capitalización, las empresas públicas aportaban apenas un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino que hoy estas empresas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, reafirmando su papel clave en el crecimiento económico del país. Además, se lograron recuperar 20.000 millones de dólares en fondos o costos hundidos, resultado de la inversión estatal en infraestructura y tecnología en las empresas capitalizadas.

Durante el proceso de capitalización del 1992 hasta el 2005, las empresas públicas solo aportaban un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino también un fondo de 20.000 millones de dólares en costos hundidos, un gasto ya realizado en la implementación de infraestructura y tecnología de las empresas publicas que por la capitalización solo beneficiaba exclusivamente a las transnacionales gracias a la infraestructura implementada por el Estado. Hoy, las empresas públicas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, demostrando su papel fundamental en el crecimiento económico del país.

Ahora vuelven los cantos de sirena neoliberales para impulsar una nueva capitalización de empresas públicas en Bolivia, como ocurrió en 1990 bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue presentada como una estrategia para modernizar sectores clave mediante la inversión extranjera. Sin embargo, la realidad demostró que esta medida solo benefició a las transnacionales, que se apropiaron de los recursos y enviaron las utilidades al exterior dejando algunas migajas para tertaferros locales como. Las promesas de eficiencia, generación de empleo y mejora de los servicios resultaron ser falsas, ya que se incrementaron las tarifas, se precarizó el trabajo y las empresas capitalizadas no lograron un desarrollo significativo. Además, el Fondo de Capitalización Colectiva, presentado como un beneficio para los bolivianos, terminó siendo una burla, con montos irrisorios y sin impacto real en la economía de la población.

La pregunta es: ¿esto es lo que queremos como bolivianos para las empresas públicas y para el proceso de industrialización y reinversión en materias primas estratégicas, como los hidrocarburos, que han sido el principal generador de excedentes para Bolivia?

Estos mercenarios de la política tratan de ocultar datos clave, como la generación de 4.800 millones de dólares en 2024 por parte de las empresas públicas lo que sumado a la Ley 1503 y las medidas monetarias y fiscales, han sido la base del funcionamiento de la economía bolivianas.

Un ejemplo de ello, basado en indicadores reales: al 31 de diciembre de 2024, el uso de los dólares de las reservas internacionales permitió cumplir con todas las obligaciones externas del país, logrando el pago puntual del 100% del servicio de la deuda externa pública, que ascendió a $us 1.526 millones.

Además, para proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, y a pesar de los elevados precios del petróleo, se destinaron $us 2.600 millones en subsidios a combustibles y alimentos. Paralelamente, se garantizó la dotación de divisas al sistema financiero, así como a personas naturales y jurídicas, mediante diversos mecanismos, con un total de $us 723 millones.

Asimismo, se contribuyó a la estabilidad y al crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que alcanzaron un saldo de $us 1.976 millones, una cifra superior en $us 267 millones respecto al cierre de 2023.

El coro neoliberal y vendepatria maliciosamente omite mencionar que las empresas públicas generan recursos esenciales para la salud, la educación y la inversión en infraestructura. No es un dato menor que Bolivia sea el país de la región con la mayor inversión en infraestructura, a pesar del bloqueo económico promovido por la oposición dentro de la Asamblea Plurinacional, con el objetivo de impedir la entrada de inversión extranjera directa de organismos internacionales, que suma 1.600 millones de dólares.

A estos mercenarios les preguntamos: ustedes, que tanto hablan de los dólares, ¿tienen sus dólares en nuestros bancos o los esconden en paraísos fiscales mientras siguen generando créditos en el sistema financiero boliviano? Personajes como Doria Medina y Marinkovic se han beneficiado de leyes fundamentales y medidas financieras promovidas por el Estado, como el crédito productivo, la eliminación de aranceles a la importación de bienes de capital y de algunos insumos para la construcción y el sector agropecuario. Aún se benefician de estas leyes, que provienen de los impuestos de los bolivianos y del dinero generado por las empresas públicas. Sin embargo, ahora buscan vender el país al Fondo Monetario Internacional (FMI), y por ende, imponer un modelo extranjero que pisotee al pueblo, ahogando a las clases vulnerables con la vieja excusa de que se necesitaban ajustes para enriquecer a las logias, cargar a las poblaciones vulnerables con la deuda pública y quitar el poder de demanda del pueblo. Luego, dirán que el ajuste funcionó, a costa de desempleo, hambre y pobreza.

Las empresas públicas son vitales para la sostenibilidad de la economía boliviana. Con el proceso de industrialización en marcha y la expansión de la economía, se generarán más recursos para la redistribución de la riqueza. Se continuarán otorgando bonos que benefician a más de cuatro millones de habitantes, garantizando el Sistema Único de Salud que ha permitido a los trabajadores informales y emprendedores acceder a atención de médica gratuita. También se seguirán ofreciendo créditos con bajas tasas de interés, promovidos por fondos estatales creados a partir de las ganancias del sistema financiero.

Esta es la Bolivia que construimos día a día con nuestras empresas públicas. No permitamos que nos las arrebaten en beneficio de unos cuantos con el falso argumento de que el país está en crisis. La verdad es que Bolivia está iniciando una nueva era con un paso fundamental: el cambio de matriz productiva. No caigamos en el juego de los mercenarios disfrazados de analistas, cuyo único interés es sembrar miedo con especulaciones y mentiras.