El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, entregó una condecoración a la Policía Boliviana por su lucha contra el narcotráfico y narcoterrorismo, en un acto en el Palacio Quemado. Paz subrayó el trabajo de la institución en el desbaratamiento del crimen organizado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ponderó la detención y extradición de Sebastián Marset, como un hito en la lucha contra el narcotráfico.

“A nombre de un Gobierno que decide, que ordena, de una patria que quiere salir adelante, desde lo más hondo de mi espíritu boliviano, no sólo como autoridad, sino como un ciudadano más, agradecer de corazón el servicio de nuestra Policía Boliviana para con el pueblo y la patria. Para ustedes todo honor, toda gloria”, afirmó el mandatario.

Paz destacó el trabajo de la Verde Olivo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y sostuvo que antes la Policía secuestraba unos nueve aviones del narcotráfico al año y hoy llega a las 50 o 60.

“Esto es una lucha encarnizada contra el crimen internacional y nacional, por eso el Escudo de las Américas, por eso generar alianzas”, sumó respecto a la cooperación internacional en la materia.

Sin embargo, el jefe de Estado también cuestionó la penetración del crimen organizado en instituciones y remarcó la necesidad de hacer respetar las normas.

“¿De qué vale aprobar una ley de inversiones? ¿De qué vale aprobar una ley de minería? ¿De qué vale aprobar leyes si el día de mañana no haremos respetar esas normas? Si el propio crimen organizado está interno en la institucionalidad y hace de instituciones como el Ministerio Público la punta de lanza para neutralizar a nuestros hombres y mujeres del verde olivo para cumplir su norma”, lamentó.

Por otro lado, el primer mandatario criticó que durante dos décadas, las fuerzas del orden fueron vilipendiadas y maltratadas por los anteriores gobiernos de turno.

La quinta sesión del Consejo estableció como base de trabajo un proyecto de ley que permitirá el apoyo militar, bajo condiciones excepcionales, temporales, complementarias y controladas, frente a amenazas verificables.

La Paz, 7 de octubre de 2026.- El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP) determinó establecer un marco jurídico para la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas, como uno de los principales resultados de su quinta sesión, realizada este miércoles en el Palacio de Gobierno.

Esta labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas se desarrollará en coordinación con la Policía Boliviana, en el marco del mandato constitucional de cooperación entre ambas instituciones y bajo las condiciones y mecanismos de control que establecerá la normativa correspondiente.

La reunión fue dirigida por el presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz Pereira, y se extendió por más de una hora. Participaron el secretario general permanente del COSDEP, general de Aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal; los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda; de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y de Economía, Christian Morales Burgos, además de los miembros del Alto Mando Militar.

La decisión está contenida en la Resolución Administrativa COSDEP N.º 01/2026, que dispone la revisión y consolidación de un anteproyecto de ley sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y establece que esta intervención deberá tener carácter excepcional, temporal y subsidiario, además de estar sometida a la autoridad civil y a mecanismos de control y rendición de cuentas.

El ministro de Defensa explicó que esta propuesta constituye uno de los cuatro pilares de la nueva arquitectura de seguridad y defensa que impulsa el COSDEP.

“En el caso de las Fuerzas Armadas, el proyecto es muy claro. Hablamos de una participación excepcional temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías”, afirmó Justiniano.

El proyecto establece que la intervención militar deberá responder a una amenaza verificable y a la existencia de capacidades militares específicas para enfrentarla. Asimismo, contempla reglas para la coordinación entre el Gobierno y el sector Defensa, uso de la fuerza, protección de civiles y mecanismos de fiscalización.

La propuesta también establece que esta participación no implica la suspensión de derechos y garantías constitucionales ni supone, por sí misma, la existencia de un conflicto armado.

NARCOTERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

De acuerdo con la ayuda memoria presentada al COSDEP, el proyecto define la amenaza narcoterrorista como una estructura vinculada al narcotráfico que utiliza violencia organizada, actos de terror o coerción sistemática.

La documentación identifica entre las nuevas amenazas transnacionales al narcotráfico, narcoterrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, trata y tráfico de personas, organizaciones criminales transnacionales, vuelos irregulares, delitos ambientales y explotación ilícita de recursos naturales.

Justiniano señaló que las organizaciones criminales ya no se limitan al transporte de droga y pueden contar con logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación.

“Por eso nuestra respuesta también tiene que evolucionar: más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación, principalmente con nuestros países vecinos”, sostuvo.

CUATRO NORMAS PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA

La participación excepcional de las Fuerzas Armadas forma parte de cuatro proyectos normativos presentados en la quinta sesión del COSDEP.

El primero es la Ley de Seguridad y Defensa Integral del Estado, que establecerá el marco general de la política de seguridad y defensa.

El segundo es la Ley Orgánica del COSDEP, que fortalecerá al Consejo como instancia superior de asesoramiento y coordinación estratégica del Presidente, sin ejercer mando operativo ni sustituir competencias de otras instituciones.

El tercero es la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, destinada a integrar información y generar alertas tempranas frente a amenazas como el crimen organizado transnacional, narcotráfico, narcoterrorismo, terrorismo, tráfico de armas, ciberamenazas y financiamiento ilícito.

El cuarto es la norma específica para el apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y amenazas narcoterroristas.

El secretario general permanente del COSDEP, general de Aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, confirmó que los cuatro marcos normativos fueron presentados durante la sesión, en cumplimiento de las directrices presidenciales.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó que el crimen organizado “es transversal” y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado y de cooperación con otros países.

El mandatario también señaló que la Policía Boliviana constituye un factor fundamental para alcanzar los objetivos del COSDEP, en el marco del mandato constitucional de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la institución policial.

La resolución establece que los cuatro proyectos serán revisados y consolidados antes de su remisión, por el conducto institucional correspondiente, es decir, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia (UDAPE) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE).

El documento del COSDEP establece que las medidas deberán ejecutarse con pleno respeto a la Constitución Política del Estado, los derechos humanos, la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil y las competencias legales de las instituciones del Estado.

Empresas, municipios, instituciones y sectores productivos podrán producir su propia energía a partir de residuos orgánicos, gases de rellenos sanitarios y aguas residuales, para generar electricidad, calor o movimiento, según se establece en el Decreto Supremo N° 5735, aprobado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira

La norma permite que esta energía sea utilizada para generar electricidad, calor o movimiento, dando un nuevo valor a residuos que hasta ahora podían convertirse en un problema ambiental.
Así, los residuos generados por una actividad productiva, un municipio o una institución pueden transformarse en una fuente de energía renovable para sus propias operaciones.
El biogás y el biometano, gases que pueden obtenerse de la basura orgánica y convertirse en energía, podrán generarse a partir de residuos orgánicos, basura de rellenos sanitarios y aguas residuales, aprovechando los gases que producen estos desechos.

Cuando estos sistemas generen excedentes de electricidad, sus propietarios podrán inyectarlos a la red de distribución, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la normativa del sector eléctrico. De esta manera, la energía producida a partir de residuos podrá ser aprovechada de manera más eficiente.

El decreto establece también reglas para garantizar la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Los sistemas de autoproducción no podrán conectarse a las redes públicas de gas natural y el biogás y biometano producidos bajo este régimen no podrán ser comercializados ni cedidos a terceros. Asimismo, se prohíbe el venteo directo de estos gases a la atmósfera y se dispone su quema controlada cuando existan excedentes que no puedan ser aprovechados.

El aprovechamiento de los residuos no termina en la generación de energía, sino que el material que queda después del proceso, conocido como digestato, podrá utilizarse como abono o mejorador de suelos, permitiendo aprovechar de manera integral los residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

Con este decreto, el Gobierno impulsa una nueva forma de aprovechar los recursos: lo que antes era un residuo puede convertirse en energía para producir, trabajar y mover la economía.

Familiares de ministros de Estado recibieron amenazas vía WhatsApp por las decisiones que están tomando para transformar el país como gabinete ministerial. Asimismo, algunos diputados y senadores recibieron también amenazas de muerte cuando se cumplía el proceso de destitución de Roger Mariaca y la posterior elección de José Urioste como fiscal general interino del Estado. Paralelamente, el propio presidente del Estado también enfrenta esta situación a diario, fue el primer mandatario quien reveló este hecho en el acto del lanzamiento del Censo Agropecuario 2026, en Trinidad, Beni.

“Los ministros me dicen, ‘presidente, ya este es un Gobierno que decide, pero nos amenazan a nuestras familias. En el WhatsApp nos tiran amenazas’”, narró el jefe de Estado y a continuación añadió que, el pasado viernes, muchos parlamentarios también recibieron amenazas de muerte mientras votaban y aprobaban cambios en la Ley Orgánica del Ministerio Público para destituir a Mariaca del cargo de fiscal general y viabilizar la elección de uno interino, agresiones verbales que también fueron hechas a sus familias.

El propio presidente dijo que estas amenazas también llegan a sus propios familiares a diario. “Lo mío es cotidiano”, dijo, al señalar que ya le explicó a su esposa e hijos que él no le teme a la muerte por la Patria. Añadió que los momentos que vive el país son duros y difíciles para todos los bolivianos.

“La muerte no puede ser más grande que la vida que le podamos dar a la diferencia y a la construcción de una mejor Bolivia, habrá mucho sacrificio y mucho esfuerzo”, expresó Paz Pereira en su discurso.

“Yo no me escondo, yo doy la cara como todos los bolivianos, porque los bolivianos que no debemos nada, aunque nos insulten, nos denigren y usen redes y usen una serie de cosas, estamos aquí firmes para luchar, para transformar y darle una visión diferente al país”, añadió.

¿Cómo votan los legisladores?
A su vez, el mandatario aseveró que, en momentos y épocas difíciles, se conoce quiénes están realmente comprometidos con la Patria. “No es cuestión de hacer declaraciones en la prensa, es cuestión de trabajar. La Patria necesita de todos sus hombres y todas sus mujeres, necesita de todas sus familias”, enfatizó.

En ese contexto, agradeció el trabajo de los legisladores por aprobar leyes que se necesitan para reformar la estructura del Estado, así como los créditos que organismos internacionales acordaron con Bolivia para reactivar su economía.

“Los parlamentarios son siempre los más vilipendiados. Les dan con todo, (les dicen) ‘flojo, ¿qué haces?’”, citó al recordar que él fue parlamentario en tres ocasiones y, durante 20 años, fue oposición dura al Movimiento Al Socialismo (MAS), régimen que le inició 16 procesos judiciales.

“Desde el parlamento me defendí, defendiendo mi región y lo que uno creía”, aseguró a tiempo de pedir a la población a que evalúen a sus legisladores y observen “cómo votan, porque sí hay parlamentarios que sí votan por las transformaciones”.

Duele la crisis heredada
En referencia a las dificultades económicas que viven las familias bolivianas a consecuencia de la crisis heredada, Paz Pereira sostuvo que, como padre de familia, le duele que toda la población tenga que pasar estos momentos, porque “hubo gente que (cuando gobernó Bolivia) no hizo las inversiones (petroleras), ni tomó las decisiones correctas en el pasado y (al nuevo Gobierno) nos toca tomar las decisiones”, explicó.

“Bolivia: ayúdenme a cambiar. Este es un Gobierno que decide, que quiere que la Patria produzca. Tenemos muchas decisiones difíciles que tomar, tenemos que luchar contra la corrupción y al ‘Estado tranca’ hay que vencerlo, pero es una lucha conjunta con el pueblo, es una lucha conjunta con la información correcta, con decisiones correctas”, concluyó.