diferente (porque) la gente escucha, sabe de la gravedad del tema y vamos a buscar soluciones estructurales. Queremos que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás”, insistió.
El 30 de abril el diario español El País publicó una investigación a partir del diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, quien confesó por escrito que abusó sexualmente de 85 menores, la mayoría estudiantes del Colegio Juan XIII en Cochabamba.
Tras el escandaló que sacudió a la Iglesia Católica, se descubrió que el caso no era aislado.
A medida que avanzan las investigaciones se develan más casos y denuncias contra religiosos en departamentos como La Paz, Santa Cruz, Tarija y Oruro, donde se conformaron comisiones de fiscales para investigar.
El nivel de encubrimiento llegaba al punto de expulsión de la unidad educativa o presiones para acallar a quienes se animaban a denunciar los hechos que fueron calificados por el presidente Luis Arce de “aberrantes” y no de “errores”, como pretendió hacer ver el arzobispo de Santa Cruz René Leigue.
En el caso de Pedrajas, sus superiores y compañeros justificaron sus actos como una debilidad física, no moral, dándole el consejo de “superar su debilidad rezando mucho”, según relata Pedrajas en su diario personal.
Desde que se conoció este tipo de vejámenes, el gobierno anunció investigaciones, la búsqueda de justicia y reparación integral para las víctimas.
El Gobierno elaboró un anteproyecto de ley que busca declarar la imprescriptibilidad de los casos de violación a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa legal se encuentra para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La propuesta del Ejecutivo plantea la conformación de una “Comisión de la Verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables.
Además, apunta a modificar el Código Penal para que las personas que encubran delitos sexuales en contra de menores sean sancionadas con hasta ocho años de cárcel.
El exjesuita Lima es considerado testigo clave, pero ahora también se declaró víctima.
Lima destaca la propuesta de formar una Comisión de la Verdad y sugiere que esta instancia tome en cuenta y escuche a las víctimas, pero sin revictimizarlas.
“La lucha conjunta del pueblo boliviano es para que haya una justicia, reparación y, especialmente, una indemnización”, enfatizó Lima.
Lima conoció entre 1992 y 2001 los abusos que cometieron los sacerdotes españoles Pedrajas, Tó -enviado a Bolivia tras ser condenado por pederastia en España- y Gausste Capdevila, alias Tuco.
En 2002 denunció al provincial de los jesuitas, Ramón Alaix, de los abusos cometidos por los tres religiosos, pero al día siguiente lo expulsaron de la orden y tuvo que salir de Bolivia para refugiarse por temor al poder que tenían.
