Junio 22, 2025

Defensoría del Pueblo exhorta a movilizados a no naturalizar la violencia, respetar la vida y la integridad de las personas

La Paz, 10 de enero de 2023 (ABI). – El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó este martes a los grupos que anunciaron movilizaciones para esta jornada “a no naturalizar la violencia” y que su protesta esté enmarcada en el respeto de la vida y la integridad de otras personas.

“Queremos exhortar a los movilizados que ejerciten el derecho a la protesta en el marco a los derechos de otras personas. No podemos fundar la exigencia del respeto de nuestros derechos, anulando la vigencia de los derechos de los demás”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

El Comité Cívico pro Santa Cruz, integrada por grupos de poder y el grupo irregular denominado Unión Juvenil Cruceñista (UJC), convocó para este martes a una protesta exigiendo la libertad de Fernando Camacho, acusado de terrorismo.

Ante esta posible situación, la autoridad defensorial explicó que este tipo de movilizaciones desde el denominado paro cívico cruceño se tornaron violentas e hizo referencia a las recientes protestas de grupos de choque en el departamento de Santa Cruz que saquearon, incendiaron propiedades públicas y privadas.

“No podemos tolerar que se puedan naturalizar acciones que se vuelvan parte de la vida cotidiana, en este caso la violencia”, remarcó Callisaya.

Señaló que ahora se debe “rescatar el respeto a ser humano, a la vida, a la integridad al otro diverso, sobre todo la convivencia pacífica entre bolivianos y bolivianas”.

Además, pidió al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y vigencia de los derechos de todos los bolivianos y bolivianas.

En tanto, pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial desarrollar los procesos penales en marco del debido proceso con una justicia, transparente, pronta, oportuna y sin dilaciones.

Asimismo, el Defensor recomendó que en caso que la Policía haga uso de la fuerza, lo haga de “manera proporcional” cumpliendo los estándares internacionales, “que tenga una finalidad legal y que haya necesidad de aplicar esa fuerza”.

“No se puede tolerar la violencia venga de donde venga. A los movilizados del día de hoy tienen el derecho de manifestar su protesta, su posición, sin embargo, este debe ser ejercitado sin vulnerar el derecho de otras personas”, remarcó.

Gobierno garantiza suministro de combustibles en apoyo a productores avícolas

La Paz, 10 de enero de 2023 (ABI). – Tras una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Winston Ortiz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, garantizó el suministro de combustibles al sector para apoyar la producción de carne de pollo.

De acuerdo con un reporte de esa cartera, asimismo, en el encuentro, ambas partes acordaron generar una agenda de trabajo con la finalidad de apoyar la producción avícola desde el sector energético.

El ministro también ratificó el apoyo del Estado a los productores de carne de pollo mediante la subvención al GLP (gas licuado de petróleo) y la evaluación de mecanismos para que el sector acceda políticas y recursos energéticos que le beneficien, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Al concluir la reunión, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores expresó su acuerdo con las iniciativas planteadas por la autoridad del sector energético.

Por otra parte, manifestó su rechazo a los bloqueos y otras medidas de presión que ejercen grupos radicales en el departamento de Santa Cruz.

Ello “porque impide que su producción llegue a los mercados, situación que pone en riesgo su actividad productiva y amenaza con dejar sin fuentes de empleo a los trabajadores”.

El dirigente de esa federación de avicultores, que cubre el 45% de la demanda del mercado interno, manifestó su compromiso y esfuerzo para garantizar la provisión de carne de pollo en todos los departamentos del país.

Educación insta a los alcaldes a poner en óptimas condiciones la infraestructura escolar

La Paz, 06 de enero de 2023 (ABI).- El ministro de Educación, Edgar Pary, instó este viernes a las autoridades municipales del territorio nacional a poner en óptimas condiciones la infraestructura escolar y no esperar al reclamo de los padres para hacerlo.

“Hoy deben adecuar los baños, garantizar el agua potable y todo lo que sea necesario porque el 1 de febrero los estudiantes estarán de retorno a las clases presenciales”, afirmó el titular de Educación.

El ministro señaló que, en el marco de las atribuciones que les confiere la Constitución Política del Estado (CPE) y para garantizar el derecho a la educación, los gobiernos municipales deben brindar las mejores condiciones en las unidades educativas para que los estudiantes pasen clases.

El artículo 80 de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, en su numeral dos, señala: “los Gobiernos Municipales son los responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción”.

El diciembre pasado, el Ministerio de Educación solicitó a las autoridades de los alcaldes de todo el país garantizar el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y material de bioseguridad en las unidades educativas para el retorno seguro a clases en 2023.

Para ello, se enviaron notas a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y también a las Asociaciones de Gobiernos Autónomos Municipales de los nueve departamentos.

El ministro se refirió también al uniforme escolar que algunas unidades educativas suelen exigir.

“El uniforme no es obligatorio, es lo que queremos ratificar y ojalá los padres familia comprendan y coadyuven en esta tarea y los maestros no exijan el uniforme”, sostuvo.

Señaló que “el uniforme no es condicionante para tener una buena educación”.

De la misma forma, la compra de textos educativos no es obligatoria, aclaró Pary, toda vez que el Ministerio de Educación entrega los textos de manera gratuita a los estudiantes.

Los libros que se distribuirán este año incluyen los contenidos de la malla curricular 2023.

Caso EBA: Juez determina la detención preventiva de Jeanine Áñez por designación ilegal

La Paz, 06 de enero de 2023 (ABI). – La exsenadora Jeanine Áñez estará con detención preventiva durante cuatro meses, esta vez por el nombramiento ilegal en el que presuntamente incurrió durante su régimen de facto cuando nombró como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) a su prima Karina Leiva Áñez.

Este proceso se desarrolla en la vía ordinaria. La autoridad jurisdiccional, tras escuchar el alegato de las partes denunciantes y de la defensa, determinó en la resolución 09/2023 la detención preventiva de la exsenadora en la cárcel de Miraflores.

El juez señaló que de acuerdo con las pruebas presentadas, la designación de Karina Leiva Áñez el 6 de mayo de 2020, y que fue posesionada dos días después, fue “ilegal” porque no cumplió con lo que establece la Ley 466 de la Empresa Pública de contar con un título universitario.

“Se solicitó certificación a la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y por la respuesta se advierte que la designación realizada por la ahora imputada (Jeanine Áñez) sería ilegal y contraria a la Ley 466”, explicó el juez.

Según el informe de la universidad pública, Karina Leiva Áñez es estudiante de Derecho y cursa el sexto semestre, lo que confirmaría que la designación de la exsenadora fue irregular entre otros indicios presentados por la Fiscalía.

La imputada Jeanine Áñez, en su defensa y antes de la lectura de la decisión judicial, prefirió prescindir de los servicios de sus abogados y sostuvo que el proceso debería desarrollarse en un juicio de responsabilidades, pese a que la justicia ya había determinado que correspondía un juicio ordinario.

Caso EBA

En este caso se acusa a Áñez de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones porque Karina Leiva Áñez, según la investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo, como una licenciatura.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva, pero ahora el juez ordenó cuatro meses de detención preventiva mientras se investiga el caso.

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores con sentencia condenatoria de 10 años por la ruptura constitucional de noviembre de 2019.

Investigación establece que Arturo Murillo recibió sobornos en casa de uno de sus familiares en EEUU

La Paz, 05 de enero de 2022 (ABI).- El exministro Arturo Murillo fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Según la investigación recibió cerca de $us 130.000 en sobornos en la casa de un familiar en Miami.

Murillo, hombre de confianza de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, fue parte central en el esquema de corrupción de 2019.  La exautoridad y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los Estados Unidos.

Según la pesquisa, recibió aproximadamente $us 130.000 en pagos de sobornos en efectivo en la casa de un familiar en Miami, de la que no se da su nombre.

Cuando era ministro designó a su hermana como miembro del servicio exterior en Estados Unidos, con el argumento de que tenía problemas.

Sus cómplices, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.

Aproximadamente $us 5,6 millones fueron desembolsados para pagar por los gases lacrimógenos y otros equipos no letales destinados al Ministerio de Defensa de Bolivia. Alrededor de $us 2,3 millones representa el sobreprecio.

La abogada litigante Jil Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso. La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken manejó la confiscación de activos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.