Sucre, 14 de noviembre de 2023 (UCOM/DPB). – En el marco del primer año de gestión de Pedro Callisaya, la Defensoría del Pueblo hizo incidencia en aproximadamente 185 unidades educativas a nivel nacional, con capacitaciones en prevención de la violencia y la convivencia pacífica y en otros casos en el mejoramiento de la infraestructura educativa. A este resultado se suma el beneficio logrado para 35 mil estudiantes de Caranavi y Riberalta, quienes gracias a las acciones defensoriales accederán al desayuno escolar.
Callisaya hizo públicos estos resultados en la presentación del informe del primer año de su gestión como titular de la entidad defensorial. El evento se realizó este lunes, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier.
El informe presentado por Callisaya se dividió en cinco áreas que son: reorientación de las acciones defensoriales, fortalecimiento institucional, gestión con participación social, incidencia internacional y el nuevo modelo de gestión por resultados.
En el informe, el Defensor del Pueblo puso énfasis en los resultados obtenidos en el marco del eje de reorientación de las acciones defensoriales, en la que se ponderó el trabajo referente a garantizar el derecho a la educación, pues gracias a la incidencia lograda en las 185 unidades educativas, se realizaron capacitaciones en prevención de la violencia y convivencia pacífica, recepción de denuncias y se sostuvo encuentros con padres de familia, maestros y estudiantes, con el objetivo de recuperar la convivencia pacífica y armónica en la comunidad educativa.
“Incidimos para que en 15 unidades educativas a nivel nacional se mejore la infraestructura y que más de 35 mil niños de centros educativos de Riberalta y Caranavi se beneficien con la implementación del desayuno escolar”, destacó el Defensor, quien subrayó las acciones judiciales ejecutadas para que este beneficio se implemente en Caranavi; toda vez que la autoridad jurisdiccional concedió la tutela solicitada y se logró que las autoridades ediles inicien la distribución del alimento escolar.
A manera de balance, Callisaya manifestó que la premisa de la Defensoría del Pueblo, bajo su dirección, fue y es la de acercarse al pueblo, ponerse al servicio de este, de modo que “la Defensoría este del lado de todas y todos”.
Sucre, 14 de noviembre de 2023 (UCOM/DPB).- Durante el informe de su primer año de gestión, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció la próxima apertura de tres oficinas defensoriales localizadas en las poblaciones de Bermejo (Tarija), Pisiga (Oruro) y Villazón (Potosí), las cuales como parte de las acciones de fortalecimiento institucional estarán enfocadas a la atención de la temática migratoria, movilidad humana, ingreso y salida de bolivianos del territorio nacional y otras temáticas que hacen a la defensa y promoción de los DDHH.
“Estamos inaugurando tres oficinas que verán el tema de movilidad humana, es decir migrantes, bolivianos que salen o entran de nuestro país y extranjeros que salen o entran de nuestro país, en las localidades de Pisiga, Bermejo y Villazón y que buscan brindar una mejor atención a nuestra población”, anunció el Defensor del Pueblo, durante la presentación del informe del primer año de su gestión, realizado este lunes en la ciudad de Sucre.
En este marco, la autoridad defensorial destacó el caso de la oficina del municipio fronterizo de Desaguadero (La Paz), que atendió 700 casos de personas en situación de movilidad humana.
Asimismo, Callisaya no dejó de referirse a las acciones desplegadas por la institución defensorial, para resguardar los derechos de bolivianos en el exterior y de extranjeros que se encuentran en territorio nacional. Es así, que ponderó el establecimiento de relaciones con plataformas de connacionales en Argentina y Chile.
También resaltó las alianzas con organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, para precautelar los derechos de bolivianos en el exterior.
El Defensor del Pueblo también destacó la propuesta del proyecto de Ley de Apatridia, que se encuentra en la Comisión Nacional para el Refugiado (CONARE), que busca establecer un marco normativo que resguarde los derechos humanos de personas apátridas en el territorio nacional.
