Por la demora en la aprobación de la norma, el Presidente anunció que el Ministerio de Economía tomó la determinación de alargar el plazo para que las entidades puedan efectuar sus gastos hasta el 20 de diciembre.

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La Paz, 22 de noviembre de 2023 (MEFP). – El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en un acto desarrollado esta mañana en la Casa Grande del Pueblo, promulgó la Ley N°1543 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2023 e informó que se ampliará el plazo para que las entidades subnacionales puedan efectuar gastos hasta el 20 de diciembre.  

“Una de las razones porque hay estos adicionales es porque estamos mejorando la economía, porque si no mejora la economía no hay ingresos más allá de lo que se habían presupuestado inicialmente”, puntualizó el Jefe de Estado, después de promulgar la norma.

En ese entendido, indicó que a partir de hoy los alcaldes, gobernadores, rectores de las universidades públicas podrán disponer de los recursos para efectuar gastos e inversiones.

De acuerdo con las modificaciones al Presupuesto, se adiciona un monto consolidado de Bs5.421 millones, de los cuales, Bs868 millones se destina a los Gobiernos Municipales, Bs353 millones a las universidades públicas y Bs39 millones a las gobernaciones.

Por la demora en la aprobación de la norma, el Presidente informó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tomó la determinación de alargar el plazo, para que las entidades puedan efectuar sus gastos hasta el 20 de diciembre.

El Primer Mandatario señaló que los alcaldes y las organizaciones sociales “se han dado cuenta quiénes son los que están boicoteando, los que están bloqueando, los que no quieren el desarrollo porque tienen doble discurso, por una parte, dicen que la economía está mal, pero (…)  donde hay que inyectar en la economía recursos, se oponen a que ocurra eso”.  

Denunció que a las gobernaciones, municipios y universidades no se les dejó ejecutar recursos que se han generado en la economía y de esta manera mostrar que no hay obras y gestión, además de buscar generar una crisis económica.

“Hay una necesidad sentida de más recursos en todos los municipios y esto se constituía en un bloqueo a la economía, en una parálisis artificial que querían hacer y mostrar para generar incertidumbre en la población, para tratar de mostrar que las cosas no funcionan”, expresó el Presidente Arce.   

En esa misma línea, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo que la promulgación de la ley es una forma de superar el sabotaje a la gestión económica.

“Este proceso presupuestario, que es rutinario, cada año viene de una solicitud que emana de las entidades subnacionales y de entidades del Gobierno Central, por lo tanto, es la voluntad de cada municipio, de cada gobernación, de cada universidad, inscribir estos recursos adicionales”, explicó Montenegro.

El titular de Economía denunció que se pretendió posicionar que las siete disposiciones adicionales transitorias no guardaban relación con el Presupuesto, lo cual “no era cierto” porque las mismas están relacionadas con la política fiscal y financiera del país. Especificó que ahora los institutos tecnológicos y las universidades indígenas podrán acceder a recursos cuando presenten proyectos tecnológicos que aporten al desarrollo nacional.

“Adicionalmente, señalar que varios de los artículos van a permitir que se regule a las FinTech, era un elemento importante de ausencia en la regulación financiera, no se olviden que la Renta Dignidad se paga a través de una plataforma que en este momento no está regulada y eso está ligado al Presupuesto”, dijo el Ministro.

Montenegro puso en evidencia que se hizo un daño irreparable a las regiones por no haber aprobado oportunamente el Presupuesto, lo cual genera un impacto negativo en la economía nacional.  “Se ha hecho un daño que las regiones lo van a sentir y que seguramente van a impactar en los indicadores económicos” de esta y la siguiente gestión, advirtió.

“Ha habido una campaña de mentiras promovida por algunos asambleístas sobre disposiciones adicionales al proyecto, pero más pudo la entereza y fuerza del pueblo boliviano para aprobar esta norma importante para las regiones”, remarcó.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz (Agamdepaz), Eustaquio Huayta, reprochó la demora en la aprobación. “Cuando más necesitábamos nos han dado la espalda (…) en este último tiempo hemos sufrido en los municipios la sequía, los incendios (…) El daño ya está hecho”, indicó.

A esta declaración y al grito de ¡Sí se pudo!, se sumó la del vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, quien destacó que es un día histórico porque se van con el Presupuesto reformulado para destinarlo, por ejemplo, en medicamentos, combustibles y logística de atención del desastre.

“Lo que ha ocurrido en este proceso es que se ha identificado a las fuerzas políticas articuladas que estaban operado, no solamente un sabotaje y la dilatación de esta ley, sino estaban articulando, y esto tiene que saber el pueblo, la desestabilización del Gobierno Nacional, la desestabilización de la democracia y el Estado de Derecho”, denunció.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la noche del martes 21 de noviembre, el proyecto de “Ley 464/2022-2023 Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2023” con 115 votos a favor, 38 en contra y uno en blanco. El 16 de agosto de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas envió toda la documentación del Proyecto de Ley por conducto regular para que sea tratada en el Legislativo.

Sucre, 14 de noviembre de 2023 (UCOM/DPB). – En el marco del primer año de gestión de Pedro Callisaya, la Defensoría del Pueblo hizo incidencia en aproximadamente 185 unidades educativas a nivel nacional, con capacitaciones en prevención de la violencia y la convivencia pacífica y en otros casos en el mejoramiento de la infraestructura educativa. A este resultado se suma el beneficio logrado para 35 mil estudiantes de Caranavi y Riberalta, quienes gracias a las acciones defensoriales accederán al desayuno escolar.
Callisaya hizo públicos estos resultados en la presentación del informe del primer año de su gestión como titular de la entidad defensorial. El evento se realizó este lunes, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier.
El informe presentado por Callisaya se dividió en cinco áreas que son: reorientación de las acciones defensoriales, fortalecimiento institucional, gestión con participación social, incidencia internacional y el nuevo modelo de gestión por resultados.
En el informe, el Defensor del Pueblo puso énfasis en los resultados obtenidos en el marco del eje de reorientación de las acciones defensoriales, en la que se ponderó el trabajo referente a garantizar el derecho a la educación, pues gracias a la incidencia lograda en las 185 unidades educativas, se realizaron capacitaciones en prevención de la violencia y convivencia pacífica, recepción de denuncias y se sostuvo encuentros con padres de familia, maestros y estudiantes, con el objetivo de recuperar la convivencia pacífica y armónica en la comunidad educativa.
“Incidimos para que en 15 unidades educativas a nivel nacional se mejore la infraestructura y que más de 35 mil niños de centros educativos de Riberalta y Caranavi se beneficien con la implementación del desayuno escolar”, destacó el Defensor, quien subrayó las acciones judiciales ejecutadas para que este beneficio se implemente en Caranavi; toda vez que la autoridad jurisdiccional concedió la tutela solicitada y se logró que las autoridades ediles inicien la distribución del alimento escolar.
A manera de balance, Callisaya manifestó que la premisa de la Defensoría del Pueblo, bajo su dirección, fue y es la de acercarse al pueblo, ponerse al servicio de este, de modo que “la Defensoría este del lado de todas y todos”.

La Paz, 14 de noviembre de 2023 (ABI). – El Juzgado de Instrucción Anticorrupción 1 de La Paz ordenó este martes detención domiciliaria para el alcalde de La Paz, Iván Arias, investigado y acusado por violencia política, hecho que fue denunciado en 2021.

La exsubalcaldesa del macrodistrito Max Paredes y una de las denunciantes, Jaqueline Chavarría, informó que el burgomaestre no tendrá salidas laborales y que además deberá pagar una fianza de Bs 50.000.

“El juez en plena valoración (de las pruebas del caso) determina las medidas cautelares, la detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Asimismo, una fianza de 50.000 bolivianos y las medidas de protección a mi persona. También se determina que el señor Arias no podría ingresar a la subalcaldía, que fue parte de los hechos de violencia”, informó Chavarría, en contacto con Bolivia Tv.

Arias fue imputado en enero de este año; sin embargo, la audiencia virtual de medidas cautelares se desarrolló la mañana de este martes, tras una serie de incidentes presentados por su defensa, con el objetivo de causar una retardación en el proceso penal, indicó la denunciante.

Violencia política

El 9 de septiembre de 2021, Chavarría y la exsubalcaldesa de Mallasa Sheyla Dávalos denunciaron hechos de corrupción y encubrimiento al interior de la Alcaldía de La Paz.

Las exautoridades revelaron que, tras presentar las denuncias a la Unidad de Trasparencia, fueron víctimas de acoso político y laboral para que desistan.

La Alcaldía paceña, en aquella oportunidad, emitió un comunicado contrariando la situación y pidiendo la renuncia de las autoridades acusándolas por hechos de corrupción.

Esa acusación fue desmentida por las exsubalcaldesas, quienes aseguraron que ello es parte del acoso político y laboral. Días después, denunciaron la vulneración a sus derechos ante la Fiscalía.

Sucre, 14 de noviembre de 2023 (UCOM/DPB).- Durante el informe de su primer año de gestión, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció la próxima apertura de tres oficinas defensoriales localizadas en las poblaciones de Bermejo (Tarija), Pisiga (Oruro) y Villazón (Potosí), las cuales como parte de las acciones de fortalecimiento institucional estarán enfocadas a la atención de la temática migratoria, movilidad humana, ingreso y salida de bolivianos del territorio nacional y otras temáticas que hacen a la defensa y promoción de los DDHH.
“Estamos inaugurando tres oficinas que verán el tema de movilidad humana, es decir migrantes, bolivianos que salen o entran de nuestro país y extranjeros que salen o entran de nuestro país, en las localidades de Pisiga, Bermejo y Villazón y que buscan brindar una mejor atención a nuestra población”, anunció el Defensor del Pueblo, durante la presentación del informe del primer año de su gestión, realizado este lunes en la ciudad de Sucre.
En este marco, la autoridad defensorial destacó el caso de la oficina del municipio fronterizo de Desaguadero (La Paz), que atendió 700 casos de personas en situación de movilidad humana.
Asimismo, Callisaya no dejó de referirse a las acciones desplegadas por la institución defensorial, para resguardar los derechos de bolivianos en el exterior y de extranjeros que se encuentran en territorio nacional. Es así, que ponderó el establecimiento de relaciones con plataformas de connacionales en Argentina y Chile.
También resaltó las alianzas con organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, para precautelar los derechos de bolivianos en el exterior.
El Defensor del Pueblo también destacó la propuesta del proyecto de Ley de Apatridia, que se encuentra en la Comisión Nacional para el Refugiado (CONARE), que busca establecer un marco normativo que resguarde los derechos humanos de personas apátridas en el territorio nacional.