La Paz, 5 de enero de 2024 (UCOM/DPB). - La Defensoría del Pueblo advierte que la sentencia condenatoria en el caso de Juana Quispe Apaza no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como cosa juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación.
“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental, Maritza Suntura.
Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”.
La autoridad recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe Apaza y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, toda vez que este caso se valoró como emblemático e histórico, ya que dio pie a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
Este jueves 4 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz dictó sentencia en el proceso por el asesinato de la exconcejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, tras casi 12 años de ocurrido este hecho. La Defensoría del Pueblo, que siguió el juicio y acompañó a la familia de la víctima durante este tiempo, destacó la sentencia condenatoria, la cual denominó como “emblemática e histórica”.
El Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por la jueza Inés Tola, estableció como autores del asesinato de la concejala Quispe al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y a Pastor Cutili exconcejal, quienes deberán guardar detención en el penal de San Pedro por 30 años, sin derecho a indulto.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo hace el seguimiento a otras denuncias de acoso y violencia política que se ventilan en instancias judiciales, lo cual permitió frenar actos violentos contra mujeres autoridades electas en el municipio Jesús de Machaca (La Paz) y Riberalta (Beni). Así lo subrayó la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres, Bolivia Sánchez.
“La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a otros cuatro casos que ya tienen sentencia, que están asentados en diferentes departamentos y que cuentan con el compromiso de que se hará el seguimiento hasta que se tenga la sentencia condenatoria ejecutoriada”, apuntó.
Dichos procesos judiciales son: el caso de la exasambleista Felipa Huanca contra Rafael Quispe, en La Paz, el caso de la ex asambleísta María Patzi contra el exasambleista Arturo Vegamonte, en Quillacollo; el caso de la exconcejala Norma Hidalgo contra el exconcejal Marco Antonio Espíndola y el caso de la exconcejal Soraya Destre contra el dirigente cívico Katriel Muller, en Riberalta.
